El Decreto ley 019 de 2012, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, no puede ser simplemente uno más entre los decretos que se expiden a diario. Es un estatuto que, al suprimir numerosos trámites ante las autoridades públicas, busca racionalizar las relaciones entre ellas y los particulares, hacer más expeditos y ágiles los procedimientos, erradicar prácticas formalistas inútiles y eliminar varias fuentes de corrupción administrativa.

Salvo en algunas materias, en las cuales el Ejecutivo ha debido pensarlo mejor y evitar precipitudes legislativas que pueden resultar costosas en materia de protección a la vida de las personas y al ambiente  -como es el caso de la extensión a seis años del tiempo de validez de la revisión técnico-mecánica de los vehículos-,  la mayoría de las disposiciones dictadas se ajustan al objetivo buscado.

En general, se podría decir que esta normatividad se constituye en el manual de defensa del ciudadano frente a los abusos de la burocracia estatal y contra el poder de los intermediarios.

Es un sistema que quizá resulta incompleto, porque son muchos los obstáculos que todavía subsisten y que complican en grado sumo la gestión pública, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones en cabeza de los particulares, pero por algo hay que comenzar, y a no dudarlo el esfuerzo del Gobierno ha sido grande para que ese comienzo tenga lugar.

Para que este programa gubernamental sea exitoso, necesitamos que toda la ciudadanía conozca a cabalidad el Decreto, con sus características, pormenores, reglas y excepciones, y ello a la vez exige del propio gobierno y de los medios de comunicación una labor intensa de divulgación. Nada sacamos con el estatuto  -escrito, como tantos otros, con muy buenos propósitos-,  si en razón de su desconocimiento general tropieza con la tozudez de los funcionarios cuyo poder ha sido afectado, quienes con toda seguridad se empeñarán en continuar exigiendo a los solicitantes aquellos requisitos que han sido prohibidos.

Sólo con ese total conocimiento de sus derechos, podrá el ciudadano enfrentarse a los burócratas.

El momento de emprender esta campaña de divulgación tiene que ser inmediato. No puede retardarse, porque ya sabemos que, si se retarda, se queda en la teoría.

Recordemos que el Decreto ya está en vigencia desde el 10 de enero de 2012. Y en la Administración están exigiendo trámites y requisitos prohibidos.