Las alarmantes informaciones que se han multiplicado en los últimos días acerca del inconcebible avance de las autodefensas o grupos paramilitares en el país suscitan varias reflexiones:
Ante todo, se hace necesario reiterar que el Estado colombiano tiene la obligación de velar por la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todas las personas residentes en Colombia; controlar los actos vandálicos y terroristas; de restablecer el orden público donde haya sido perturbado; de perseguir a los delincuentes de todos los orígenes y de buscar su captura y neutralización. Y de que al hacerlo se debe fundar exclusivamente en sus propias fuerzas, que son las oficiales, integrantes de la Fuerza Pública, con base en el monopolio de las armas, que le ha sido confiado por la Constitución.
De otra parte, el auge del paramilitarismo muestra que hay contradicciones muy grandes en el Gobierno. La política de seguridad democrática -que el Ejecutivo dice que ha sido un éxito- debería cobijar la actividad de las autodefensas y no solamente la de la guerrilla. Y, desde el punto de vista del diálogo y los procesos de paz, no se entiende que se adelanten con los paramilitares despeje de zonas para ello (Santa Fe de Ra_____), sin haber cesado sus hostilidades mientras a la guerrilla de las FARC se les dice que no habrá diálogo ni despeje alguno mientras permanezcan en actividad.
La actitud del Gobierno no ha sido clara: un día el Presidente de la República declara, a propósito de dos plagios en Antioquia que a raíz de la salida de los paramilitares a ciertas zonas han regresado grupitos de guerrilleros a secuestrar, y a los pocos días emplaza a los paramilitares para que se desmovilicen, afirmando que de lo contrario los someterá militarmente, pero siguen en la práctica las conversaciones, e inclusive, al parecer (según la revista “Semana”), se les ofrece la no extradición.
Lo grave es que de buenas a primeras nos estamos enterando de una serie de situaciones reales existentes en el país, que se habían mantenido en reserva desde hace mucho tiempo. Es decir, nos estamos dando cuenta de un fenómeno creciente y de inmensa gravedad para la estabilidad institucional del país, y para la democracia, que se ha venido desarrollando y que se verá por muchos como normal y corriente.
Es indispensable que el debate se abra, y que discutamos acerca de este fenómeno y sus características y causas. Que lo hagamos a fondo. Que miremos el problema en su contexto general, y de modo imparcial. Que el Ejecutivo se convenza de que está en la obligación de ser sincero y claro con los colombianos en torno al asunto. Que establezca el Gobierno una política seria y coherente en materia de paz. Y que, si insiste en el diálogo con unos y en la guerra contra otros, asegure la responsabilidad histórica que por ello le corresponde.
