Otra vez las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en las oficinas del DAS, para que dentro de muchos meses, cuando ya nuevos hechos hayan dejado en el olvido el impacto de lo que ahora revela la revista Semana, nos digan que no se encontró nada; que no hay pruebas; que todo está borrado; y que cualquier herida se ha sanado con la caída de algunos mandos medios contra los cuales, sin embargo, no se tiene  ningún cargo.

Olvidémonos de una vez por todas  de cualquier posibilidad de conocer quién o quiénes ordenaron las “chuzadas”, y de establecer  cuál fue  el objetivo –desde luego escabroso-  que con ellas se perseguía  (aunque todos nos lo imaginamos fundadamente),  tanto en el caso de los magistrados de la Corte Suprema como en el de los  políticos, abogados,  columnistas y periodistas cuyas conversaciones privadas fueron  interferidas y grabadas ilegalmente  por los intrusos fantasmas.

Pero,  ante eso -que ya sabemos ocurrirá-,  se debe decir que el escándalo actual deja al descubierto una de dos cosas: un malévolo plan de Estado contra jueces, opositores, comunicadores y críticos del  Gobierno, cercenando libertades esenciales y obstruyendo la administración de justicia mediante procedimientos policiacos propios de las dictaduras; o bien un organismo de seguridad dependiente en forma directa,  en calidad de Departamento Administrativo,  del Despacho presidencial, pero que se encuentra fuera de control y que escapa a las prescripciones e instrucciones del  mando al que está constitucionalmente sometido. En esta segunda hipótesis, se trataría de un “paraorganismo”, es decir, de un organismo criminal paralelo al oficial, o incrustado en el oficial, que usa sus equipos y su personal, y que aprovecha la estructura creada por la ley para ponerla al servicio de los más oscuros intereses.

Las dos posibilidades son igualmente detestables; gravemente  dañinas para la supervivencia de un sistema democrático; ostensiblemente peligrosas para el normal funcionamiento de las instituciones y para el ejercicio de las libertades. Y por las dos –la una por acción, la otra por omisión-, debe asumir su responsabilidad  quien tiene a cargo ese organismo: el Presidente de la República.

Y ello no solamente por ser este asunto ya recurrente, repetido y hasta ahora impune, sino por cuanto los fusibles ya se quemaron: la anterior Directora del DAS renunció a raíz del segundo o tercer escándalo, y el actual Director acaba de llegar.  

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