Certidumbres e inquietudes

EL FALSO PSIQUIATRA

                                                                       José Gregorio Hernández Galindo

Un falso psiquiatra permaneció por diez años en esa calidad al servicio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Se trata de la institución que, mediante sus dictámenes, de acuerdo con nuestro sistema jurídico, suministra a los fiscales y a los jueces las más valiosas pruebas en relación con investigaciones y procesos, y el país ha venido creyendo en ella, pero la fe se desploma cuando se revela que en más de 2.000 casos fueron emitidos y aceptados experticios claves para el esclarecimiento de crímenes y para la búsqueda de responsables, cuando el siquiatra forense que los entregaba a la justicia como la última palabra científica en la materia, no tenía siquiera el título de médico y menos el de psiquiatra especializado.

Es evidente que, en cuanto hablamos de pruebas judiciales, no serán pocos los que alegarán con razón que, por ejemplo, la prueba con base en la cual los acusaron o condenaron es deleznable científicamente y, en consecuencia, nula de pleno derecho por haber sido practicada con violación del debido proceso, tal como lo prevé el artículo 29 de la Constitución. Para ilustrarlo gráficamente: no es lo mismo, ni tiene el mismo trato desde el punto de vista penal, un dictamen sobre esquizofrenia o locura furiosa que uno en el que se concluya el sano juicio del procesado.

Grave responsabilidad en cabeza de quienes hicieron la designación, y también de quienes mantuvieron en el Instituto al impostor, no obstante que, como afirmaron algunos de sus compañeros  -según la información de “El Tiempo” del 14 de febrero-,  el supuesto experto en psiquiatría “opinaba de todo, aunque la mayoría de las veces dando conceptos equivocados”, circunstancia que se reflejaba en constantes quejas respecto a sus dictámenes.

Nos preguntamos: ¿Cómo fue seleccionado el “científico” para prestar sus servicios a Medicina Legal? ¿Fue corroborada su hoja de vida y fue establecida su experiencia? ¿Se trataría acaso de un nombramiento efectuado con criterio político? ¿Será investigado disciplinariamente el Director de Medicina Legal que hizo la designación? ¿Cómo es posible que en diez años nadie se haya dado cuenta  de las falencias e incapacidades del que pasaba por experto? ¿Se avecina una catarata de nulidades en relación con muchos procesos fallados o resueltos con base en los dictámenes del falso siquiatra? ¿Cuáles son los criterios de selección hoy aplicados en el Instituto de Medicina Legal?.