Certidumbres e inquietudes
EL IRRESPETO A LOS JUECES
José Gregorio Hernández Galindo
No resulta honroso para la democracia colombiana, ni para la imagen internacional del Gobierno, que los jueces y fiscales tengan que adelantar una marcha y una suspensión de actividades para reclamar al Presidente de la República y a otros funcionarios el respeto que merecen la administración de Justicia y las decisiones judiciales.
Según la Constitución, los jueces son independientes; gozan de una autonomía funcional cuando resuelven sobre los casos a ellos sometidos, y, si alguien discrepa del sentido de una providencia, o si tiene motivos para contradecirla, el sistema jurídico proporciona medios para ventilar esas diferencias: los recursos ordinarios y extraordinarios. Dentro de la misma estructura de la rama judicial se puede llegar a la revocación o modificación de las decisiones, si bien a ello debe arribarse sólo con base en razones de Derecho, y no por la presión externa, ni por virtud de la furia televisada de un servidor público inconforme con determinado fallo.
Existiendo esas posibilidades, garantizadas por la Constitución y por la ley, frente a toda determinación de un juez o de un fiscal, que caben perfectamente dentro del necesario criterio de respeto hacia la majestad de la justicia, es absolutamente incomprensible que se prefiera el camino de la diatriba, la ofensa y el descrédito de los funcionarios judiciales. Menos todavía es aceptable que sea precisamente la cabeza del Ejecutivo la que, sin ninguna prudencia, rompa las reglas existentes y pretenda forzar decisiones creyendo que ocasiona temor o que inspira reverencia.
Claro está, los jueces y fiscales tienen también responsabilidades, y es posible que se equivoquen –en esta misma columna lo hemos reconocido muchas veces-, o que, inclusive en su ejercicio incurran en delitos. Pero estas últimas conductas únicamente les pueden ser imputadas, investigadas y en su caso sancionadas, previo proceso y sobre la base de la presunción de inocencia.
Entre tanto, sus providencias deben ser respetadas, como lo exige el ordenamiento jurídico.
Lo que se espera ahora es que las presiones públicas del Gobierno no atemoricen a los funcionarios judiciales, ni logren modificar sus decisiones, pues hasta allí llegaría el Estado de Derecho.
Ahora bien, los colombianos debemos exigir a los dos candidatos a la Presidencia de la República que se comprometan solemnemente a dar por terminada esa vergonzosa confrontación, ya muy larga, entre el Gobierno y la Administración de Justicia.
