Certidumbres e inquietudes
EL NUEVO CONGRESO
José Gregorio Hernández Galindo
Son muchos los asuntos que ocuparán la atención de los congresistas recién posesionados, cuyo buen desempeño en los próximos cuatro años resulta un imperativo si la institución quiere recuperar en algo su antiguo prestigio, hoy prácticamente desaparecido.
Ahora bien, la causante de la pérdida de respetabilidad y de la pésima imagen del Congreso ante los colombianos y ante el mundo ha sido la conducta de muchos de sus integrantes, proyectada injustamente sobre toda la institución. Una institución esencial e insustituible en una democracia, a la que, por tanto, tenemos que recuperar, y en ese propósito debe comprometerse el país entero, para que no se vuelvan a escuchar las palabras insensatas e irresponsables de quienes abogan por su cierre o supresión.
Este Congreso se ha instalado el 20 de julio tras un demorado, accidentado y muy controvertido proceso de escrutinio que apenas culminó pocas horas antes de la sesión inaugural, y entra en funciones bajo la mirada desconfiada de la opinión pública, y con la expectativa de lo que podrá pasar en los procesos penales que cursan contra varios de los congresistas y con las demandas de nulidad electoral que ya se anuncian, debido a las muchas irregularidades detectadas en los comicios del 14 de marzo.
Bien se sabe que las mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, estarán del lado del gobierno que se inicia el próximo 7 de agosto. Lo que se espera es que el nuevo presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, formule ante el Congreso un paquete de proyectos que le permita sacar adelante, con el apoyo de los partidos políticos integrantes de la coalición conformada, sus principales propuestas de campaña, y pensamos que ese trabajo conjunto debería extenderse a una genuina reforma del Congreso –mucho más profunda y radical que la denominada reforma política del año pasado- con miras a la restauración de su credibilidad. Y por supuesto, Gobierno y Congreso están llamados a introducir cambios trascendentales en lo que respecta al sistema electoral, que se encuentra en crisis.
Pero no solamente eso. Sin perjuicio de la colaboración entre las ramas del poder público para lograr los fines del Estado (art. 113 C. Pol.), y aunque exista una mayoría gobiernista en las dos cámaras, los senadores y representantes deberían considerar la necesidad de restablecer la identidad y la autonomía del Congreso, de modo que no caiga en la vergonzosa posición de dependencia que ha caracterizado a los congresos que lo precedieron, completamente anulados por el Ejecutivo.
Este es el Congreso del Bicentenario, y debería honrar ese título, que simultáneamente implica un desafío.
