Este sábado 25 de octubre tiene lugar la votación por el mal llamado Referendo, convocado mediante Ley 796 de 2003, que se ha convertido por estos días en la primera obsesión del Presidente Uribe.
Nos parece que, habida cuenta de la intensísima y desaforada publicidad adelantada por el propio Jefe del Estado, sin ningún equilibrio en relación con las opciones de las que deberían haber dispuesto los partidarios de la abstención y del NO, y sin que organismo público alguno haya exigido una mínima imparcialidad a los concesionarios de frecuencias radioeléctricas en radio y televisión (bienes públicos puestos absoluta y arbitrariamente al servicio de una sola tendencia), lo lógico es esperar que la votación sea masiva, ciega y emocional, por supuesto a favor del SI en las quince preguntas del cuestionario.
El Gobierno ha utilizado sin medida y sin pausa todas las grandes y pequeñas cadenas radiales, y todas las emisoras independientes, no menos que los canales privados y públicos de televisión; ha invadido no solamente los noticieros sino los espacios más frívolos; ha copado horas enteras de programación (no una sino tres y cuatro), sin comerciales, y aprovechando el temor reverencial de los directores y periodistas ante el Presidente de la República. Desde luego, sin que las mismas oportunidades hayan tenido –no ya en la misma proporción sino tampoco en la décima parte- los contradictores del Referendo.
Pero, por si fuera poco, el Presidente ha expedido un decreto por el cual, faltando ocho días para las elecciones (con el objeto de evitar su suspensión provisional) anuncia estímulos para quienes voten por el Referendo, discriminando a los abstencionistas, quienes, como lo dijo la Corte, están en uso de una opción legítima.
“Referendo o catástrofe”; “Referendo o caos”; “Referendo contra el terrorismo”; “Referendo para salvar al país”... son algunas de las consignas difundidas por el Ejecutivo y por los partidarios de la iniciativa, que de ser una oportunidad de participación popular en la toma de decisiones sobre contenido de la Constitución (como debería ocurrir en una democracia auténtica), se ha convertido en un motivo de polarización a favor o en contra del Presidente de la República, como si éste necesitara legitimar su título o su gestión. Que no lo requiere en modo alguno, a menos que este sea el primer paso con miras a ser reelegido o a la extensión de su período.
Obviamente, las confusas y extensas preguntas no serán consultadas por la mayoría de quienes concurran a las urnas, pues la actividad presidencial ha obtenido en principio la posibilidad de que muchos le giren un cheque en blanco, bajo la mediocre idea de que “hay que apoyar al Presidente”.
Si la mayoría se abstiene o vota por el NO, podremos ufanarnos de haber alcanzado un alto grado de madurez política, en medio de la más asfixiante ofensiva mediática contra la capacidad de discernimiento y análisis del pueblo colombiano, y a pesar de las maniobras del Gobierno, que han conseguido finalmente que esto se vote como lo que en realidad es: un verdadero plebiscito disfrazado de referendo.
