Desde antes de inaugurarse el Gobierno del Presidente Uribe, quien sería su primer Ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, anunció, además de su aversión a la Constitución Política de 1991, la presentación de un proyecto de reforma constitucional que suprimiría el Consejo Superior de la Judicatura; que quitaría atribuciones a la Corte Constitucional; que prohibiría la  acción de tutela contra sentencias judiciales; que circunscribiría dicha acción a unos determinados derechos fundamentales, excluyendo los de carácter social y económico, como la salud y la seguridad social; que sustraería los asuntos económicos del ámbito del control de constitucionalidad; que excluiría la competencia de la Corte para conocer de fondo sobre los decretos declaratorios de los estados de excepción, …  en fin, un proyecto que haría parte  -según veríamos después-  de toda una estrategia gubernamental orientada al desmonte de la actual Constitución.

Ya en actividad el Gobierno, se presentaron permanentes ataques del Ministro contra la Corte como institución, como cuando, en torno al control del decreto que declaró el Estado de Conmoción Interior, dijo que el Ejecutivo lo remitía a la Corte “por cortesía”; o cuando la mostró como “trampolín político”; o cuando, ante la caída del referendo en las urnas, culpó a esa Corporación de haber obrado políticamente  con esa finalidad. Ahora, ya retirado, afirma que la Corte ha dado un golpe de Estado por haber ejercido su función en cuanto al Estatuto Antiterrorista.

En todo este tiempo, durante el cual, si era uno de los “proyectos bandera” de la Administración, ha debido ser de los primeros en presentarse y tramitarse, el Gobierno ha estado elaborando y poniendo a circular ante-proyectos, algunos de los cuales discute superficialmente con las altas corporaciones de justicia, y otros se filtran simplemente a los medios de comunicación.

Recuerdo, entre otros casos, el de un foro convocado por la Cámara de Representantes,  en donde quien esto escribe  -invitado por la Corporación-  formuló varias observaciones respecto de un pre-proyecto que en ese momento circulaba, y a los pocos minutos el entonces Viceministro de Justicia, doctor Nieto Loaiza, expresó que no era un proyecto oficial y que ninguno de los asuntos mencionados estaba decidido por el Ejecutivo, actitud que causó sorpresa entre los representantes,  ya que el foro giraba precisamente alrededor del aludido documento.

Ha sido, pues, un proyecto fantasma, que recorre los pasillos del Congreso y las salas de los altos tribunales, no menos que las salas de redacción de periódicos y noticieros, pero que en realidad no ha sido oficialmente presentado, pues parece que se utiliza la técnica “del ensayo y del error”.

Ahora el Ministro Pretelt lo ha anunciado como de inminente presentación, y creemos que lo hace a manera de venganza con la Corte después de la declaratoria de inconstitucionalidad  del Estatuto Antiterrorista, por lo cual, a las restricciones ya dichas añaden ahora  aquella según la cual la Corte no puede conocer por aspectos de fondo sobre la constitucionalidad de los actos legislativos, aunque bien sabemos que jamás lo ha hecho y que la norma actual dice exactamente lo mismo.