Por lo que se viene apreciando, las elecciones de octubre no serán las más transparentes, y por el contrario, el panorama de las mismas resulta bastante confuso, con densos nubarrones que lo oscurecen cada vez más.

Por una parte, la violencia ha sido ejercida en numerosos municipios por las organizaciones guerrilleras y por las bandas criminales. Más allá de las consabidas amenazas contra candidatos a los concejos y a las alcaldías y contra la propia población, se han cometido ya varios homicidios cuyos autores intelectuales, que sepamos, no han sido descubiertos.

Se espera que la estrategia del nuevo Ministro de Defensa y el considerable refuerzo presupuestal que ha recibido, con un incremento anunciado de veinte mil policías para las ciudades y con una voluntad manifiesta en el sentido de hacer el tránsito entre la famosa “percepción” de seguridad y la realidad de una garantía objetiva de la misma, se reflejen en el terreno electoral, y los comicios puedan llevarse a cabo en un clima de orden público.

Pero el asunto no termina en la inseguridad física. Los obstáculos para conseguir el objetivo democrático de elegir libremente a los representantes del pueblo se incrementan y se multiplican cuando se advierte que el sistema electoral vigente presenta vacíos e inconsistencias por cuyos vericuetos logran colarse modalidades audaces e ingeniosas de fraude en contra de las cuales, al parecer, los esfuerzos de los organismos competentes serán insuficientes. El juego limpio no será, tampoco ahora, la regla aplicada durante el importante debate electoral que se avecina.

Son muchos los motivos para que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral estén preocupados por las señales de alarma que desde diversos sectores se emiten respecto a las posibles formas de trampa electoral, no menos que a la injerencia de grupos corruptos en diferentes lugares del territorio. E inclusive, se ha hablado de personas condenadas por parapolítica que influirán de todas maneras en los votantes.

Por si fuera poco, a estas alturas no se sabe con certeza quiénes serán los candidatos. La tardía reacción de los partidos ante aspirantes posiblemente inhabilitados ha generado numerosas equivocaciones, y por tanto las elecciones están precedidas de un semillero de pleitos. Y con seguridad, después de ellas, vendrán las demandas de nulidad y las solicitudes de pérdida de investidura ante el Contencioso Administrativo, o de destitución ante la Procuraduría.

Unas elecciones cargadas de riesgo.