Es un buen precedente el que han sentado los magistrados de las altas corporaciones de justicia, al respaldar a la Corte Suprema en lo relacionado con los procesos que adelanta en el caso de la parapolítica, y sobre las manifestaciones de algunos funcionarios del Ejecutivo, orientados a descalificar la tarea de esa corporación.

También se han pronunciado sobre el proyecto que prepara el Gobierno para modificar la estructura de la administración de justicia y muy particularmente sobre la idea gubernamental de establecer un tribunal que juzgue tanto a congresistas como a magistrados y al Presidente de la República.

Eso muestra la unidad de la Rama Judicial, que tiene a su cargo la primordial función para preservar los valores esenciales del Estado de Derecho.

Aunque debemos reconocer que la estructura actual, en cuanto alude a los fueros en materia de juzgamiento no es la más afortunada, toda vez que los unos juzgan a los otros, pero a la vez son juzgados por ellos, cualquier modificación debe obedecer a un estudio detenido que produzca una normatividad armónica y equilibrada, aplicable hacia el futuro, y no a una solución improvisada frente a la coyuntura que se vive.

En todo caso, nos parece que el Gobierno y el Congreso no deben interferir en este momento el ejercicio de la función de administración de justicia que cumple la Corte, ni tampoco es admisible que se le formulen permanentes llamados oficiales a la objetividad, toda vez que cada uno de esos mensajes transmite al público la idea  -equivocada-  de que se viene obrando subjetivamente o con parcialidad. Eso es grave, y profundiza todavía más la desinstitucionalización que nos afecta, a la vez que significa la formulación de cargos infundados contra los magistrados que integran esa corporación.

Con toda razón las corporaciones judiciales han dicho que “en un Estado Social de Derecho como el colombiano, fundado en el principio de separación de poderes y la plena vigencia de los derechos fundamentales, la administración de justicia actúa con fundamento en el derecho preestablecido, aplicado con criterios de objetividad”.

Es necesario defender la total independencia de la Corte Suprema, y esperar el resultado que arroje cada uno de los procesos en curso, confiando en ella, sin prevenciones; sin presiones; sin rumores puestos a circular para deslegitimarla.

Los congresistas y políticos que están siendo procesados gozan, como es natural, de la presunción de inocencia y en los procesos respectivos deben gozar  -como creemos que gozan-  de la plenitud de las garantías constitucionales, y hasta el momento no ha habido la menor prueba de que la Corte haya actuado por fuera de la órbita que le corresponde. Tampoco la Fiscalía General.

Nos pareció injustificada, por ejemplo, la actuación del ex senador Mario Uribe, quien buscó un improcedente asilo, para eludir la aplicación por la Fiscalía de las normas legales vigentes, como si estuviera perseguido por sus ideas o por su posición política, distorsionando la institución, como claramente lo concluyó el Gobierno costarricense.