Nos parece que la reunión entre el Presidente de la República, los presidentes de las altas corporaciones de justicia y el Fiscal General de la Nación, respecto al escándalo de las “chuzadas” telefónicas y el seguimiento a sus asuntos personales aprovechando los datos del organismo estatal que tiene acceso a ellos para fines muy distintos, aunque no produjo ningún efecto específico de mayor seguridad entre los magistrados acerca de que, como lo prometió el Gobierno, no continuarán esas detestables prácticas policiacas -que obstruyen la administración de justicia y rompen el equilibrio entre los poderes-, cuando menos significó un avance hacia la efectividad de principios constitucionales hasta ahora ignorados o menospreciados por la administración.
Lo que un sistema genuinamente democrático debe aplicar y mantener es lo que, con gran sencillez, expone el artículo 113 de la Constitución actual –era el 55 de la Carta de 1886- : una equilibrada distribución de funciones entre las ramas y órganos del poder público, de manera que cada cual marche por la vía institucional trazada, sin interferencias de los demás, acompañada por una armónica y respetuosa colaboración entre sus titulares y funcionarios para lograr los fines que persigue el Estado. Es la idea original de Montesquieu –separación de poderes-, complementada y morigerada por el constitucionalismo moderno –colaboración armónica-.
Lo que importa bajo esa perspectiva constitucional no es que los transitorios ocupantes de los edificios públicos alcancen sus intereses personales o políticos, sino que, cada uno en su rol, se pongan al servicio de la colectividad dentro de un marco jurídico plasmado en la Constitución y en las leyes, en el Estado Social de Derecho, para conseguir los objetivos que requiere la población en un momento histórico determinado.
No apreciar ese papel del Estado y de sus servidores, y entrar en las pequeñeces de disputas coyunturales –ubicadas en primer nivel- dejando en segundo, tercero o cuarto orden de prioridades las reales necesidades y requerimientos de los asociados, es desnaturalizar el Estado, y significa dar al traste con los logros democráticos de la sociedad y con los valores y principios contemplados en el sistema jurídico y queridos por el Constituyente.
Por otro lado, no se crea que los ciudadanos de a pie no perciben lo que ocurre. Ellos se sienten defraudados cuando los pasajeros titulares de funciones públicas usan el poder para sus propios fines; cuando desvían las herramientas suministradas por el Derecho para lograr propósitos inferiores o diferentes; cuando pierden de vista la grandeza de su compromiso y se enredan en trifulcas menores, indignas de sus cargos.
Ahora bien, el respeto a la función judicial y su independencia han venido afectados en la última época. El Gobierno y los jueces deben integrar sus esfuerzos para recuperarlo en todo su contenido.
