Cuando las instituciones son penetradas por la delincuencia, y cuando se pierde el respeto entre quienes ejercen las más altas funciones públicas, como ha venido aconteciendo infortunadamente en Colombia, se despedaza el pacto esencial de convivenciaque, dentro de un sistema democrático, estipulan los asociados.

Es muy grave para la democracia y para el Estado de Derecho lo que se ha venido estableciendo dentro del proceso penal iniciado por las llamadas “chuzadas”, el espionaje y los seguimientos ilegales contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, prácticas delictivas en cuyo desarrollo han sido hostigados los jueces de mayor jerarquía.

Se trata de un plan macabro, que no es simplemente casual sino concebido con dolo e intención perversa.

Esta empresa criminal en la que tomaron parte ex funcionarios del DAS tiene detrás, a no dudarlo, uno o varios cerebros que no hemos podido identificar y a quienes es menester descubrir cuanto antes.

Si, como lo ha dicho el Presidente encargado de la Corte, doctor Jaime Arrubla, estamos ante una conspiración de Estado, la situación adquiere características de verdadera crisis, en especial si llegara a probarse que las órdenes provinieron de altos funcionarios de la Casa de Nariño, puesto que ello significaría un grave atentado contra las instituciones democráticas.

Por supuesto, el Gobierno nacional ha afirmado que ninguno de sus integrantes ha dado instrucciones en sentido violatorio de la ley, y que ninguna participación ha tenido la Presidencia de la República en la comisión de estos graves delitos.

No creemos que el Presidente Uribe sea el jefe de los delincuentes, pero sí es posible que lo sea alguno de sus allegados en la sede del Gobierno.

Lo que hay en el seno de la Corte Suprema es indignación, y los magistrados a ese respecto han reaccionado con explicable dureza. Ellos cuentan con el respaldo de todos los demócratas, y es importante que a su alrededor estemos, además de las altas cortes, todos los que hemos sido magistrados o integrantes de la rama judicial, en cuanto lo que está de por medio no es simplemente un choque pasajero entre ramas del poder público  -lo que de suyo sería negativo-  sino la supervivencia misma del sistema jurídico, de los valores primordiales del Derecho y la intangibilidad institucional.

El país no podría admitir que los responsables intelectuales de estos delitos quedaran impunes.