Como lo ha reconocido la Fiscal Morales en sus declaraciones al programa radial “La balanza”, de Colmundo Radio, en Colombia no existe una política criminal del Estado.

En efecto, podríamos decir que la legislación va surgiendo a medida que los hechos se producen: un día los medios de comunicación destacan la comisión de un delito de especial gravedad, o una cadena de delitos, y el tema se convierte en motivo de discusión pública. El debate, que dura apenas unos días, lleva con seguridad a declaraciones y anuncios oficiales en el sentido de que tales situaciones no se pueden volver a presentar; afirman los ministros que el Gobierno adoptará medidas ejemplares y que se presentarán drásticos proyectos de reforma para aumentar las penas o para contemplar causales de agravación punitiva, y el Congreso   -ya por iniciativa propia, bien por la del Ejecutivo-  procede a aprobar de pupitrazo nuevas normas, sistemas especiales o reglas orientadas a la sanción efectiva de los delincuentes.

Pero si días después la expectativa de un proceso de paz, o la oferta de diálogo por parte de grupos armados parecen indicar como aconsejable que se plasmen disposiciones para suavizar las penas o para otorgar beneficios por colaboración con la justicia, o que se amplíen las posibilidades del principio de oportunidad  -que, dicho sea de paso, se está convirtiendo en camino de impunidad-,  así se procede, no importa si lo que se establezca es incompatible con lo que se había estipulado meses antes.

La legislación penal Colombia es como la veleta: sigue las orientaciones de los vientos. No es firme ni consecuente; carece de una espina dorsal que la sostenga. Es una legislación improvisada y por definición inestable, que además no se confronta con la realidad, y cuando las normas se van a aplicar se encuentran obstáculos insalvables, generalmente de orden económico o de infraestructura y personal.

En la actualidad, por ejemplo, coexisten varios sistemas, además del acusatorio en vigor: el aplicable a los procesos iniciados antes de su instauración; el de “justicia y paz”; el de los desmovilizados del paramilitarismo que  -se dice-  no cometieron crímenes de lesa humanidad; el del fuero militar; los atinentes a los fueros de distintos funcionarios ante el Senado y la Corte Suprema de Justicia. Y viene otra vez la famosa “ley de pequeñas causas”, que se había declarado inexequible por la Corte Constitucional y que se tramita en el Congreso para los denominados “delitos menores”.

Una amalgama de normas y procedimientos que, además de la tradicional congestión, hace casi imposible la pronta y cumplida justicia, sin que el Estado se aplique en serio al diseño y configuración de una verdadera política criminal.

Creemos que la doctora Viviane Morales lo tiene claro y que pondrá todo su empeño en desenredar hacia el futuro estos nudos legislativos. Hacemos votos porque pueda mover en ese sentido el pesado aparato estatal colombiano.