Coincidiendo con la alarma general causada por los acontecimientos de Bogotá, por la presencia de miles de indigentes que reclaman con urgencia la mano del Estado -creemos que no solamente es cosa del Alcalde Mayor sino del Gobierno Nacional-, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo ha propuesto que todos nos unamos para luchar contra la pobreza.
El contenido de la propuesta en sí mismo es perfectamente válido, aunque consideramos que hace mucho tiempo han debido pensar en eso en las altas esferas del poder económico, sin esperar a que la miseria y el hambre avanzaran tanto en nuestro territorio. Por estar dedicados todos los esfuerzos y especialmente los recursos a la seguridad democrática, fueron olvidadas totalmente las causas sociales del conflicto armado y la explosiva situación existente en extensas áreas de Colombia, cuyos habitantes subsisten en condición miserable, abandonados por el Estado y por la sociedad. Olvidando que la seguridad democrática debe estar acompañada de la justicia social, efectiva y cierta, pues de lo contrario aquél buen propósito fracasa.
Quien ahora muestra tanta preocupación por la pobreza protestó airado ante los medios de comunicación en 1999 cuando la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del sistema UPAC, que había llevado a la ruina a muchos colombianos, y puso el grito en el cielo cuando en 2000 esa misma Corporación estableció limites y restricciones a las tasas de interés y al doble cobro de la inflación en la UVR, el nefasto sistema que se instituyó para reemplazar aquél, dentro de la misma filosofía de explotación al usuario tan característica de la actividad de intermediación.
La Corteordenó que las entidades financieras devolvieran a los afectados los inmensos recursos pagados en exceso, y hay que ver los esfuerzos del Gobierno de entonces, con el Ministro Juan Manuel Santos a la cabeza y la eficaz ayuda de la Superintendencia Bancaria y la Junta Directiva del Banco de la República, para distorsionar y desatender los fallos de la Corte, así como para burlar a los usuarios, con el fin de no disgustar al doctor Sarmiento Angulo ni al sector financiero. Entre todos, casi ahorcan a los magistrados de la Corte Constitucional por haberse atrevido a decir que esas tasas de interés debían ser intervenidas; que deberían ser las más bajas de todo el mercado financiero; que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna, y que habría mucho dinero todavía por reintegrar a los usuarios.
No cabe duda de que la voracidad de las instituciones financieras –que han quebrado a muchas empresas y familias- tiene una cuota importante en el número creciente de pobres en el país.
Hoy, ante la buena propuesta de Sarmiento -que, desde luego, acogemos con entusiasmo-, pensamos que tal vez su conciencia comienza a despertarse, y que la Semana Santa o la reciente desaparición de Juan Pablo II le han hecho recordar aquellas sabias palabras del Pontífice acerca de la hipoteca social que pesa sobre la propiedad y la empresa. Hacemos votos porque los banqueros pasen de las palabras a los hechos, y en señal de buena voluntad y corazón contrito, principien por ganar un poco menos a costa de los usuarios y rebajen sustancialmente las tasas de interés que cobran, que son, a ciencia y paciencia de los gobiernos, las más altas en el mundo.
Que no se hagan odiar, como dice ahora en la campaña el Presidente Uribe. ¿O será muy
tarde?
