Si algo debe caracterizar al sistema tributario, tanto en el orden nacional como en el territorial, es la razonabilidad y proporcionalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, pues aun existiendo una clara e inevadible obligación del ciudadano -artículo 95 de la Constitución- en el sentido de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, ella tiene que cumplirse -como lo expresa el mismo precepto constitucional, "dentro de conceptos de justicia y equidad". Por ello, el artículo 363 de la Carta Política señala de modo perentorio que "el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad".

Creemos que ninguna de las condiciones estipuladas por el Estatuto Fundamental colombiano tiene cumplimiento en el caso de la contribución de valorización por beneficio local que se ha establecido en Bogotá, no obstante los compromisos del Alcalde Garzón con sus electores -en sentido exactamente contrario- y a pesar de la clarísima jurisprudencia vigente en lo relacionado con el debido cobro de los tributos.

Esta contribución viene siendo recaudada por el Instituto de Desarrollo Urbano, y se ha dicho que el Distrito aspira a obtener por esa vía algo así como 718 mil millones de pesos, por lo que las autoridades distritales no se han detenido a pensar en los conceptos de justicia y equidad, que deberían prevalecer, sino que tan sólo se preocupan por conseguir a toda costa, sea como sea, esos recursos, esquilmando a los bogotanos sin miramientos.

El cobro fue autorizado por el Concejo Distrital desde 2005 y tendrá varias fases, que llegarán hasta el 2015, para un recaudo total calculado de 2,1 billones de pesos.

El desorden absoluto en los cálculos sobre montos de la contribución solamente ha sido superado por el monumental escándalo de los avalúos.

Hemos visto en los últimos días casos verdaderamente estrambóticos, por lo desproporcionados y absurdos, como los denunciados por ciudadanos a los que se les ha pasado el recibo de pago por cifra superior al valor comercial del inmueble, y otros que dicen verse obligados a vender el bien para poder pagar, todo lo cual, además de ilegal, inconstitucional e inconcebible en términos de justicia, es bochornoso para la administración distrital.

La contribución prevista es antitécnica e inequitativa, y su pésima concepción debería dar lugar a la renuncia de alguien, así falten pocos días para la posesión del nuevo Alcalde, quien hereda el problema de la responsabilidad característica de su antecesor.