Es indudable que la marcha llevada a cabo el pasado 4 de febrero, dada su magnitud y su carácter espontáneo, marcó un hito en lo que se refiere a la participación directa del pueblo en la formulación de pautas o criterios sobre la acción futura de la sociedad y del Estado.
En efecto, si bien es cierto la marcha no se canalizó por la vía formal, prevista en la Constitución, de un referendo o de un plebiscito, y ni siquiera se la trató como una consulta popular acerca de decisiones de trascendencia, dio lugar a unas consecuencias importantes. Nacida del interior mismo de la colectividad y con el carácter específico de presencia popular física -no a través de votación-, no provino de ninguna de las fuentes propicias para el uso de cualquiera de tales mecanismos de participación, pero la ciudadanía se lanzó sin titubeos a las calles y a las plazas, y su rechazo a la violencia de los grupos armados -en especial las FARC- fue explícito, contundente y terminante.
Ello significa que, aun no existiendo propiamente un mandato popular con alcance jurídico -no es lo mismo que haber aprobado una norma legal o constitucional en las urnas-, es evidente que la marcha sí produjo efectos políticos, toda vez que la movilización de masas implicó la transmisión de un mensaje claro y perentorio, en principio dirigido a los violentos con miras a obtener el cese de sus actividades terroristas, notificándolos de paso acerca de la repugnancia provocada por ellas y , por ende, sobre la carencia absoluta de representación del pueblo en su cabeza (aunque invocan pomposamente el slogan según el cual son "el ejército del pueblo"), pero con copia -como en las cartas de gerencia- al Estado colombiano y a la comunidad internacional. A esta última se le hizo saber que bajo la expresión “FARC” no hay sino una organización terrorista violadora de derechos humanos, y que como tal la tiene el pueblo colombiano. A aquél se le trazó una directriz: buscar la libertad de los secuestrados, pero por medios pacíficos, ya que la marcha estuvo específicamente dirigida a rechazar la violencia, en todas sus formas, sin que a esa condena pueda escapar la proveniente de las agencias estatales. Aunque no fue general que se tomara la marcha como una forma de apoyo a un acuerdo humanitario, fueron muchos los que lo proclamaron, y a decir verdad no hubo consignas en su contra.
Entonces, la comunidad misma debe meditar, y en particular tiene que hacerlo el Gobierno, pese a no hallarse ante una norma jurídica vinculante, pues políticamente tiene ante sí un hecho creado cuyas repercusiones, debidamente evaluadas en ese terreno, le permiten concluir hacia dónde señala la brújula de la voluntad popular, que, con todo y lo voluble y variable que es -por su naturaleza-, ha dejado oír su voz con claridad, y eso no puede caer en el vacío.
