Son varios los hechos de los últimos días que generan preocupación y que merecen crítica. Me permito recordar apenas algunos pocos, los más recientes:
- El Presidente de la República, en el curso de una reacción emocional frente al atentado con bomba en las instalaciones de la Universidad Militar y la Escuela Superior de Guerra en Bogotá -reacción, desde luego, explicable ante la audacia y la inocultable gravedad del ataque- decide revocar las autorizaciones que había dado a voceros suyos para negociar un acuerdo humanitario con miras a la liberación de las personas secuestradas. Pero olvida que los secuestrados no son responsables por el atentado sino víctimas del conflicto, y que son sus vidas y su integridad las que están en gravísimo peligro cuando se intenta un rescate militar.
- El Senado, previa llamada de atención del Jefe del Estado a las bancadas que lo apoyan, aprueba en segundo debate el proyecto de reforma constitucional que vuelve a recortar las transferencias a las entidades territoriales con destino a salud y educación, con lo cual se da un paso muy pernicioso en contra de la inversión social, hoy prevalente; se afecta a los más necesitados, y se propina un duro golpe a la descentralización.
- El Presidente de la República, sobre la base exclusiva de un testimonio, juzga y condena públicamente a un funcionario de la administración municipal de Buenaventura; lo presenta ante el país como un delincuente sin haber mediado juicio ni sentencia condenatoria; asume función judicial y, no siendo caso de flagrancia, ordena su aprehensión y conducción, sin parar mientes en la presunción de inocencia, en la separación de funciones, ni en el debido proceso.
- El Fiscal General propone la impunidad para los traquetos, como único medio -cuando el Estado cuenta, o debe contar, con otros- para lograr la desarticulación de las organizaciones mafiosas del narcotráfico.
- El país sigue conociendo, estupefacto pero conforme y hasta divertido, las inaceptables relaciones entre la mafia, el paramilitarismo y la política.
- Las cabezas de los altos tribunales de justicia se ingenian el sistema de circulares a los jueces para que fallen en determinado sentido los procesos a su cargo –así lo hizo primero la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y después el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura-, ignorando el principio constitucional de la autonomía funcional en la administración de justicia.
Pero frente a todo eso, que resulta abiertamente dañino para la sociedad y para el Estado de Derecho, nadie protesta, nadie discute; nadie controvierte; a nadie le preocupa. Todo el mundo parece estar de acuerdo.
La comunidad requiere con urgencia recuperar una capacidad que parece haberse perdido: la de disentir. Y no sólo en el fuero interno, sino exteriorizando sin temor las propias opiniones.
