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Varios aspectos resultan altamente preocupantes, en lo que concierne a los derechos y a la actividad estatal, a raíz de al menos dos acontecimientos recientes, ambos relacionados con la justicia procurada por mano propia.

 

Muy grave lo ocurrido en San Jerónimo  -Antioquia- durante el pasado puente festivo,  cuando cuatro individuos asesinaron a un campesino, fueron perseguidos por la comunidad, retenidos por ella y muertos a golpes en el curso de un típico linchamiento.

 

También muy grave el caso sucedido en Tumaco, en donde un mayor de edad, energúmeno ante la posible comisión de un delito de hurto por parte de un menor de doce años, le propinó públicamente una golpiza que poco faltó para que culminara con la muerte de la víctima. Pudimos ver el video correspondiente sin edición, y las imágenes resultan impresionantes no solo por la sevicia del maltratador sino por la total indolencia de las personas que se encontraban en el lugar y que no hicieron absolutamente nada por defender al niño, mientras que la policía solamente llegó demasiado tarde.

 

Algunos han sostenido que la captura del individuo no fue posible por falta de denuncia.

 

Quienes así razonan ignoran el perentorio texto del artículo 32 de la Constitución, según el cual “el delincuente sorprendido en flagrancia  podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona”. Por su parte el artículo 44 de la Carta señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás y que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente la sanción de quienes los vulneren.

 

En cuanto a la Fiscalía, ha tenido conocimiento de hechos que revisten las características de delitos y está en la obligación de iniciar las investigaciones pertinentes.

 

Desde luego, en una y otra circunstancia las víctimas habían cometido delitos, pero ello  no autorizaba a los particulares para tomar justicia por mano propia.

 

Cabe preguntarse por las causas de esta cultura de la violencia, totalmente injustificada, aunque pueda explicarse por una sensación generalizada de impunidad y falta de presencia del Estado, pero no podemos permitir que se abra paso.

 

Existen disposiciones dentro del orden jurídico para luchar contra la delincuencia, y para castigar a los delincuentes, y hay policía, fiscales y jueces, que tienen funciones específicas sobre el particular. Así que, en un Estado democrático y de Derecho, no tienen cabida sucesos como los descritos.