POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Destaca hoy la prensa que “se agudiza choque entre magistrados”, en referencias a un indeseable y absurdo episodio que tiene lugar en el interior de la Corte Constitucional respecto a una acción de tutela por ella revisada.
Es una demanda de tutela contra los constructores de la Urbanización Altos del Campo, en el barrio de Campoalegre en Barranquilla, inmobiliaria en que tiene interés el ex alcalde esa ciudad Alex Char. Este se niega a reconstruir 2.000 viviendas.
Dos magistrados -Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio- dicen que llevan seis meses esperando la firma de su colega Jorge Pretelt en la sentencia y que, a pesar de las reiteradas solicitudes, tanto verbales como escritas, a la fecha no ha sido devuelta para continuar con el trámite.
Esto se suma a la pelea entre los mismos magistrados respecto a la decisión de anular una tutela del Consejero de Estado William Giraldo, quien sigue en su cargo a pesar de haber llegado hace tiempo a la edad de retiro forzoso -65 años., Pretelt se oponía a que se anulara el fallo del Consejo de la Judicatura que prorrogaba ilícitamente la permanencia de Giraldo en su cargo, y los otros dos -Pinilla y Palacio- lo derrotaron y dictaron la providencia de nulidad.
Aparte del pésimo ejemplo que dan estos magistrados a todos los miembros medios e inferiores de la Rama Judicial, y del vergonzoso asunto del Consejero Giraldo, debemos insistir en que las demoras de la Corte Constitucional en proferir los fallos de tutela cuando los ha seleccionado para revisión, es algo completamente inaceptable y violatorio de la propia Constitución que la Corte Constitucional debe resguardar, defender y por supuesto aplicar en sus decisiones.
Diez días, máximo, se le exige a un juez, aunque su despacho esté muy congestionado, para que falle sobre una acción de tutela. Y si se pasa de los diez días se le sigue un proceso disciplinario que puede culminar en su destitución.
Pero la Corte Constitucional se toma seis, ocho, diez, doce meses. En muchos casos suspende el trámite con el pretexto de practicar pruebas. Las decisiones son extemporáneas y en varios casos inoficiosas.
A ello se agrega ahora que un Magistrado derrotado en Sala se niega a firmar la sentencia correspondiente.
Eso no tiene justificación alguna, como tampoco la pelea entre magistrados.
Debe procederse a la investigación correspondiente. Que sea la Sala Plena de la Corte la que se pronuncie. Y si hay lugar a proceso disciplinario, que se inicie.
