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La independencia de los jueces, en especial de los jueces constitucionales, es indispensable para la efectiva vigencia del Estado de Derecho.

Los magistrados del Tribunal Constitucional tienen a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Para ejercer su función necesitan interpretar la preceptiva fundamental; escudriñar, establecer el alcance de sus mandatos, sentar doctrina y unificar la jurisprudencia.

Su compromiso tiene que ser únicamente con el imperio de la Carta Política, para evitar que pasen normas expedidas por los órganos constituidos que la desconozcan o violenten.

Para eso, tienen que ser autónomos, entender y practicar a lo largo de su período de ejercicio que no tienen ni pueden tener compromiso alguno, ni deuda de gratitud, con quienes los postulan, ni con quienes los eligieron. Ni con el Gobierno, ni con grupo u organización de ningún tipo; ni con el partido político, ni con una determinada tendencia ideológica.

La independencia implica libertad de decisión, no sometimiento a presiones; imparcialidad; objetividad; respetabilidad.

La independencia de los magistrados es garantía para los gobernados en el sentido de que se harán valer la Constitución, los derechos y las libertades. No otros intereses.

Si la independencia de los magistrados se perdiera, sobraría la Corte Constitucional y habría que suprimirla.