Los últimos años, en especial el que ahora culmina, no han sido positivos -y, por el contrario, muy negativos- para la administración de justicia en Colombia.

 

En efecto, además de la congestión, de la conocida e inaguantable morosidad de muchos despachos y del inconstitucional formalismo de la mayoría, hemos tenido que presenciar escándalos completamente inéditos; se han destapado casos de corrupción; se han presentado abusos en el uso de las acciones constitucionales -desvirtuando su sentido-; lastimosamente, la ciudadanía ha tenido que seguir en los medios los continuados episodios protagonizados por magistrados que mediante triquiñuelas procesales y aun con fallos definitivos en contra se han apegado a sus cargos; se han repetido las filtraciones de ponencias, en abierta transgresión a los reglamentos internos; se han denunciado ataques informáticos en las más altas corporaciones; funcionarios denunciaron la distribución fraudulenta de cuestionarios preparados para el concurso orientado a proveer vacantes en la Rama Judicial -pruebas que de todas maneras se practicaron, sin que hubiese sido despejada la incógnita sobre su transparencia-; nos hemos acostumbrado a las noticias relativas a decisiones judiciales contraevidentes en que se ordena la libertad o la casa por cárcel para conductores borrachos, atracadores o sindicados de paramilitarismo; se han extraviado expedientes y piezas procesales en casos de trascendencia pública; la congestión en las cárceles ha llegado a niveles inconcebibles, con notoria y prolongada violación de los más elementales derechos fundamentales, al punto de haberse llegado desde hace rato a una grave e insoluble crisis humanitaria; peleas entre el Fiscal y el Procurador; altos funcionarios investigados o condenados que se van del país tranquilamente… En fin, nos haríamos interminables si continuáramos la enunciación de los muchos males que hoy exhibe un sistema judicial que –para nadie es un secreto- ha colapsado.

 

Para cerrar el año con broche de oro, un sector de la Rama Judicial ha permanecido en paro por espacio de tres meses, sin llegar a ningún acuerdo con el Ejecutivo acerca de sus aspiraciones, en el curso de una protesta sindical que ha empatado el cese de actividades con las vacaciones judiciales.

 

Y se anuncia que en enero del año entrante, dado que el Gobierno tampoco ofrece soluciones, se reanudará el paro, y los ciudadanos seguirán sin las mínimas posibilidades de acceso a la administración de justicia.

 

En el Congreso se ha dado trámite en primera vuelta al proyecto de Acto Legislativo, de origen gubernamental, denominado “Equilibrio de poderes”. Una lectura del texto que ha sido aprobado y que pasará al siguiente período, desde el 16 de marzo, nos permite pensar que será aplicada la consigna del engaño a la ciudadanía:

 

“Que todo cambie para que todo siga igual”. Y ello, por cuanto, al menos en el articulado de esa futura reforma constitucional, no se trata tema alguno de aquellos que de verdad y todos los días afectan directamente al ciudadano del común. No creemos que ninguno de los males enunciados se solucione con este accidentado proyecto.

 

Veremos si las altas corporaciones o el Ministro de Justicia proponen algo. En la Academia hemos debatido y seguiremos debatiendo sobre estos problemas, pero infortunadamente todo se queda allí, sin trascendencia a los titulares reales del poder.