El Estado y la sociedad deben tomar conciencia acerca de los padecimientos de amplios sectores de la población colombiana, en especial por efecto de la guerra fratricida que llevamos a cuestas como una pesada cruz -cada vez más pesada-, en el curso de un drama que no parece tener fin.

 

 Las principales víctimas de la violencia -que no proviene únicamente del conflicto con las Farc sino de las actividades de otras organizaciones delictivas como el ELN, el EPL, los paramilitares, las bandas criminales- han sido precisamente personas pertenecientes a los grupos más débiles: los niños, los indígenas, los campesinos, los soldados… Seres humanos sobre los cuales se ha desatado de manera inclemente la furia de los violentos.

 

En estos días hemos tenido noticias acerca de los crímenes cometidos contra indígenas del Cauca, que infortunadamente no conmueven al Estado.

 

A ellos se añade lo aparecido en reciente informe publicado por El Espectador  bajo el título “Acorralados”. La periodista Angélica María Cuevas muestra cómo, en el alto  Baudó más de 3400 indígenas de la comunidad embera han sido desplazados  a raíz de la violencia desatada por grupos armados ilegales. Mujeres y niños sometidos al hambre y a las enfermedades.

 

Los emberas no pueden cazar ni cultivar en su territorio por cuanto los campos han sido minados por las organizaciones terroristas. Las fumigaciones con glifosato causan enfermedades, en especial en los menores, muchos de los cuales están brotados y con su piel enrojecida por la contaminación que generan las aspersiones. Y además esos niños están creciendo débiles y enfermos  por causa de la desnutrición. Algunos han muerto.

 

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –citada en el informe periodístico-, debido a las operaciones militares en contra del Eln y las acciones de este grupo armado, que se presentan desde final de marzo, muchos indígenas y afrocolombianos están confinados e inmovilizados. Además, en la zona están presentes la  minería ilegal y los cultivos ilícitos.

 

La gente tiene miedo de ir al monte, según los emberas, por el peligro de las minas y desde hace un año están fumigando con  glifosato, por lo cual no se encuentran animales sanos para la caza; los pocos cultivos también son afectados; informan a la Secretaría de Salud y a autoridades departamentales y nacionales, sin obtener  respuesta.

 

¿Es este un Estado Social de Derecho que se precia de respetar la dignidad humana y la diversidad étnica y cultural?