Un nuevo revés judicial ha sufrido el presidente de EE.UU., Donald Trump, pues, por decisión de un tribunal, la discutible y criticada orden migratoria contra los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen) y contra los refugiados de todo el mundo, seguirá suspendida. Es inaplicable, por orden judicial.

En efecto, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California) negó al Ejecutivo la revocatoria de la providencia de primera instancia, proferida por un juez de Seattle, en el sentido de suspender el veto.

Tal parece que Donald Trump considera que el hecho de haber sido elegido como Presidente de los Estados Unidos de América equivale a una consagración como monarca, y que su poder no conoce fronteras. Por eso, a propósito de la decisión del juez de segunda instancia que le negó su apelación en el caso, ha afirmado en las últimas horas que  "los tribunales están haciendo el trabajo muy difícil". Los ha culpado, inclusive, de poner en riesgo la seguridad del país. Ha manifestado: "Simplemente no puedo creer que un juez pondría nuestro país en tal peligro. Si sucede algo, cúlpenlo a él y al sistema de la Corte". Lo cual implica que, según él, sus medidas son intocables. Que el Presidente está por encima de los jueces, de las leyes y de la Constitución.

Está equivocado. Si algún sistema constitucional desarrolla la idea de equilibrio en el ejercicio del poder, mediante frenos y contrapesos -como lo pregonara el Barón de Montesquieu en "El espíritu de las leyes"- es justamente el de los Estados Unidos. Y, si bien es innegable el inmenso poder  del Jefe del Estado y de Gobierno, en un sistema marcadamente presidencialista, en el país reputado como el más poderoso de la tierra, ese poder tiene límites que la Constitución consagra, y formas de garantizar que el Presidente no abuse del poder que se le confiere.

¿A quiénes se encarga de hacer que, en la práctica, opere ese esquema institucional? A los jueces. Y son precisamente los jueces los que han venido actuando en estos días en Estados Unidos, para poner freno a los actos agresivos del nuevo Presidente.

El Estado de Derecho funciona, siempre y cuando los jueces, como en los Estados Unidos, sean independientes del Gobierno y hagan valer esa independencia.