Ni más ni menos, un peligroso coctel que no puede producir sino el delito y la vergüenza que afronta el aparato judicial.
Ahora resulta que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que no ha comenzado a funcionar, ya tiene su primera crisis interna, que afloró desde la renuncia de su primer secretario Néstor Raúl Correa y por una reciente carta del mismo funcionario, con sindicaciones contra miembros del Tribunal.
Hay mutuas sindicaciones. De un lado el ex secretario y del otro varios magistrados, entre ellos su Presidenta Patricia Linares.
Cargos van y vienen, como conspiración con fines burocráticos y contractuales; irregularidades en la contratación; infiltración de correos electrónicos institucionales; presiones de orden administrativo; deficiencias en la adecuación de las instalaciones del edificio; rivalidades sobre puestos; falta de claridad respecto a contratos celebrados.
En fin, situaciones bochornosas que no deberían tener lugar, menos aún en tratándose del despegue de una importante jurisdicción.
No conocemos los detalles de los motivos de fondo para tan agrio enfrentamiento, y hacemos votos porque no haya corrupción, pero, con independencia de quién esté diciendo la verdad, preocupa a la ciudadanía que esta jurisdicción - trascendental para la aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Paz- no ofrezca, desde el principio, las garantías de integridad y respetabilidad que debería ofrecer.
Los miembros de la JEP deben aclarar todo, para que se superen estas dudas y principien cuanto antes a administrar justicia. Tienen, según el más reciente informe, 225.000 casos relacionados con el conflicto armado. Deben comenzar a trabajar.
