A diferencia de "Timochenko", quien afirma con razón que ellos se comprometieron a respetar las instituciones y las normas y que, en consecuencia, se debe aplicar la ley a quien haya delinquido tras la firma del Acuerdo Final de Paz, los mencionados ex guerrilleros amenazan con la ruptura de lo hecho y con el regreso a la violencia si "Santrich" continúa privado de su libertad.
Alias "Iván Márquez" ha afirmado en las últimas horas que, si "Santrich" sigue detenido, no vendrá a posesionarse como Senador -en una de las cinco curules otorgadas al partido de las Farc mediante Acto Legislativo 3 de 2017- porque puede ser capturado, y no han faltado quienes digan que ello es reconocer que de alguna manera algo pesa en su conciencia.
Al respecto debemos afirmar que se equivocan quienes han respondido que "Márquez" puede ser obligado -inclusive por la fuerza pública- a trasladarse a la capital. En este momento, al menos, ello no tendría cabida, pues no hay orden judicial en su contra y se presume que no ha incurrido en delitos después del 1 de diciembre de 2016. Además, a nadie lo pueden obligar a posesionarse de un cargo. Si no se posesiona, puede haber pérdida de investidura, según señala la Constitución, pero eso es otra cosa.
Ahora bien, lo que sí es cierto es que las presiones en el indicado sentido -en cuanto al caso "Santrich"- son inaceptables. No solamente hay allí un expreso desconocimiento de los compromisos resultantes del Acuerdo Final y de las normas dictadas en su desarrollo, sino que de esa manera se está poniendo en grave peligro todo el proceso de paz, y se está mostrando desprecio hacia el ordenamiento jurídico que de manera solemne se comprometieron a respetar los desmovilizados. Es una burla para la sociedad.
Las amenazas de volver a la guerra implican una presión que nadie podría aceptar, y menos quienes tienen a su cargo el trámite y decisión de los procesos judiciales. La Fiscalía se ha limitado a cumplir los compromisos de Colombia con la Interpol, y con lo pactado en el Acuerdo. Y se espera que la Sección de Revisión de la JEP se pronuncie acerca de la época en que se pudieron cometer los delitos y, si éstos tuvieron lugar -como dice el Fiscal- en 2017, se tramite lo concerniente a la solicitud de extradición. Concepto de la Corte Suprema de Justicia y -allí sí, sobre la base del concepto favorable- decisión del Presidente de la República, según el artículo 35 de la Constitución.
