El período del Frente Nacional 

Los partidos liberal y conservador, enfrentados desde mediados del siglo XIX, gobernaron el país más con criterio hegemónico que con sentido democrático, dejando guerras civiles y frustraciones patentizadas en la pobreza de vastos sectores. A pesar de algunos intentos de reconciliación, las pasiones siempre se desbordaron, hasta llevarnos a la Violencia Grande de los años cincuenta. Por eso, el Frente Nacional, que se recibió con entusiasmo en 1957, debe calificarse como un avance hacia la paz, en tanto que expidió la partida de defunción a la violencia entre los partidos tradicionales. 

Pero, por loable que haya sido, su propósito se sobredimensionó porque en el mundo de la posguerra, dominado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, representantes del capitalismo y el comunismo, era previsible que ideologías distintas a la liberal y conservadora irrumpieran en el panorama político nacional como alternativas de poder. Lo lógico era fortalecer la democracia, o haber consignado el Frente Nacional sólo para dos períodos presidenciales. Este sistema consagró el monopolio del poder para los dos partidos tradicionales mediante la alternación en la presidencia de la República, y un sistema compartido en las tres ramas del poder público. Aunque en principio se pactó para dieciséis años, en la práctica se prolongó hasta 1986, cuando la administración Barco impuso el esquema Gobierno-Oposición.

Esta democracia restringida patrocinó sin quererlo el surgimiento de grupos guerrilleros en la década de los sesenta, y colocó sectores de su seno en disidencia, verbigracia, el Movimiento Revolucionario Liberal de López Michelsen, y la Alianza Nacional Popular de Rojas Pinilla. Entre las guerrillas, aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN, el Ejército Popular de Liberación EPL, y el Movimiento 19 de abril M-19. La democracia cerraba espacios, porque se la restringía al bipartidismo liberal-conservador. Además, la figura del estado de sitio fue una constante que menoscabó las garantías ciudadanas. Se convirtió en instrumento preferido por los gobiernos frentenacionalistas. Luego vendría el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, que permitió la violación sistemática de los derechos humanos y la existencia de centros de tortura. 

Los gobiernos de Betancur y Barco también utilizaron el estado de sitio, pero en el marco de una política de orden público distinta. Ambas administraciones se apoyaron en el diálogo y en un plan para reincorporar los alzados a la vida civil. Sin embargo, el bipartidismo excluyente, la represión del estado de sitio, y la intransigencia de algunas guerrillas, se convirtieron en obstáculo. Siendo ésta la premisa mayor, fácil es deducir que la democracia económica y social era mucho más restringida, en tanto negaba oportunidades y movilidad social, facilitando el dominio de la Nación por sus élites tradicionales. Las cifras de pobreza, en un país que entonces tenía 13 millones de habitantes, lo confirman.

La Constitución de 1991

Hace treinta años Colombia vivió un período de esperanza, dada su nueva Constitución. Se diseñaba un contrato social pluralista e incluyente, en contraposición a la nación tradicional excluyente. El propósito era claro: edificar un Estado Social de Derecho que permitiera la consecución de los derechos económicos y sociales. Sin embargo, las cifras actuales indican que los resultados previstos por la Carta de 1991 no se han logrado todavía. La retórica constitucional, si bien alcanza una democracia política formal, no se traduce en democracia económica y social. 

Dos ejes explican esta frustración: uno económico, otro político. Una cosa pensaban los delegatarios, enfocados en un Estado Social de Derecho que, dadas las desigualdades, tenía que consagrar el intervencionismo como instrumento de primera mano; pero otra distinta pretendía el Gobierno de turno, adscrito al credo neoliberal. Esta desviación constitucional se incrementó en las administraciones posteriores. 

Las normas relativas al Régimen Económico parecen conciliar las dos posiciones, de los delegatarios y el Gobierno, aunque resaltando el intervencionismo y la prevalencia del interés general. Es claro que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero dentro de los límites del bien común; que la libre competencia económica es un derecho de todos, pero con responsabilidades; y que la empresa, base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. Asimismo, la dirección de la economía corresponde al Estado, lo cual le permite intervenir en la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo, y en la producción, distribución y consumo de bienes para mejorar la calidad de vida de los asociados. En consecuencia, el problema ha sido la falta de voluntad política de los distintos gobiernos para darle aplicación a la Constitución económica. 

Por los niveles de desigualdad, los derechos económicos y sociales resultaban costosos. Su consecución sería progresiva. Un país que para hacer su presupuesto acude cada año al crédito, y que en gastos compromete cerca del 25% en el servicio de su deuda, tiene un profundo déficit. No era fácil superar las necesidades básicas en medio de banderas neoliberales y esa situación presupuestaria. Fiscalmente, hoy las cosas están peor. Por lo mismo, en términos económicos y sociales, seguimos en democracia restringida, ya que las oportunidades escapan a la mayoría. 

En sentido político, la Carta del 91 superó el esquema bipartidista facilitando la creación de nuevos partidos, al punto que en algún momento hubo 60, en su mayoría micropartidos que desvirtuaron la democracia. Poco a poco aparecieron otras distorsiones, como el paramilitarismo y otras expresiones ilegales, y el incremento desmesurado en los costos de las campañas, haciendo desigual la lucha por el poder. Reducidas las posibilidades para participar, la democracia política queda restringida. 

El acuerdo de Paz entre la administración Santos y las FARC, si bien representa un logro, no alcanza la paz política general, ya que quedaron al margen el ELN y otros grupos. Más allá de los acuerdos, la verdadera paz es la de contenido económico y social, que se logra con cambios estructurales. No obstante, el tema del proceso de paz se amplifica en las redes sociales. 

Ideológicamente hablando, si bien es cierto que se han fortalecido algunos sectores de izquierda, no lo es menos que los partidos tradicionales se han reciclado con partidos nuevos afines, como el Centro Democrático, Cambio Radical y la U. Ese país político, que sigue polarizado, no está en sintonía con el país nacional, al que le preocupan en el día a día las dificultades en empleo y otros temas, como el flagelo de la corrupción, que alcanza por igual todas las ideologías y sectores políticos.  

En conclusión, trátese del período Frentenacionalista como del Post Constitución del 91, los colombianos hemos vivido y seguimos viviendo en democracia restringida, tanto en lo político como en lo económico y social. Todo está por hacer para convertir en realidad el sueño de 1991.