En Perú, Dina Boluarte prohibió el ingreso de Evo Morales por «intervenir» en los asuntos de política interna del país. El año pasado, el parlamento derechista declaró al inca persona non grata por promover una salida al mar de su país, a través del sur peruano. Puno, la zona aymará peruano-boliviana, se ha convertido en epicentro de las protestas y desde allí se proyecta una marcha hacia Lima. En Juliaca, ya son unos 18 los muertos por choques entre manifestantes y fuerzas del orden durante un intento de ocupación del aeropuerto local. Los bloqueos de carreteras en seis de los 24 departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del lago Titicaca, Cusco, Arequipa, Madre de dios, Tacna y Apurímac, persisten. Las movilizaciones nacionales acumulan unos 50 muertos en casi un mes y los reclamantes demandan el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, una asamblea constituyente y nuevas elecciones.
No lejos de allí, en la Media Luna boliviana, la protesta cívica continúa en Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, debido a la captura y condena inicial del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, acusado de terrorismo y Rebelión I, tres años después que logró defenestrar a Morales, esgrimiendo una biblia y una carta de renuncia presidencial redactada por él mismo. Tuvo el apoyo militar. Como en Perú.
En Brasil, el vandalismo contra los símbolos de la democracia, rechazado por todos los gobiernos del mundo; en Venezuela, tres parlamentarias opositoras de un simbólico parlamento elegido en el 2015, acusadas de “… traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales” y en Santiago la «incapacidad administrativa» de la comunista Irací Hassler que ha disparados los índices delictuales, sin mencionar el sur de ese país. Parecido a Nicaragua en donde las y los religiosos son reas y reos de rebeldía.
En Colombia, como en Perú, solamente una FFPP sólida, con moral y cumpliendo con sus deberes constitucionales, nos garantizará lo básico: nuestra seguridad pública y ciudadana.
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