El Estado es el mayor infractor de los derechos de los trabajadores. Los cargos de los entes territoriales, han estado ocupados durante décadas por un amplio personal bajo la modalidad de contratación “OPS” (Orden de Prestación de Servicio). La Corte Constitucional ha manifestado que este tipo de contratación debe ser la excepción y no la regla, pero la práctica dice lo contrario. En las ordenes de prestación de servicio, han encontrado la forma de contratar por tiempo definido y a dedo, para suplir las necesidades personales de quienes profesan la burocracia. Es el ambiente ideal para obtener beneficios, sin carrera administrativa, ni concurso de méritos; se adjudican OPS a lo largo y ancho del país.
Así las intenciones de la ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez, consistan en que los colombianos trabajen con salarios dignos, su idea de acabar con la excesiva contratación por OPS, no será una realidad.
Igual le pasa al ministro de justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, quien, ante la imposibilidad de fortalecer el sistema penitenciario y construir cárceles con personal capacitado e incorruptible, ha propuesto que las personas privadas de la libertad, puedan salir a trabajar de día y regresar en las noches a sus celdas. Tal vez el funcionario considera que de esta manera las segundas, terceras o cuartas oportunidades para los presos, serán más provechosas para una resocialización de los infractores de la ley penal; que mantenerlos hacinados en las cárceles. El tema aquí es ¿Quién les dará la oportunidad de trabajar?, no me imagino una hoja de vida diligenciada donde aparezca como dirección: “Celda # ubicada en el Centro Penitenciario La Picota” Si no consiguen trabajo los bachilleres y los profesionales, cómo se espera que sea el futuro laboral de los privados de la libertad. A menos que el Ministro de Justicia piense en celebrar un convenio Institucional con entidades o con los otros ministerios y los reclusos pasen a suplir las plazas vacantes o las que se llegaran a crear para estos fines. Eso sí mediante OPS, porque de esta manera los condenados a 40 años de prisión, logarían pensionarse, estando aún privados de su libertad.
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