Los dos candidatos a la presidencia de la República se han comprometido -y ese será el juramento que preste el ganador- a respetar la Constitución y a hacer que se cumplan sus disposiciones.

Todos confiamos en que así sea durante el próximo gobierno, con independencia de quién lo encabece, ya que ambos aspirantes  conocen a cabalidad los antecedentes inmediatos del actual proceso, así como las circunstancias que han conducido a un permanente y perjudicial enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, y los varios casos en que -como ocurrió, entre otros, con el establecimiento de bases militares norteamericanas en nuestro territorio;  o con la declaración del Estado de Conmoción Interior  y del Estado de Emergencia Social en materia de salud; o con el trámite de la ley que convocó a referendo para una segunda reelección presidencial-,  se han violado o dejado de aplicar perentorios mandatos de la Carta Política. Eso, desde luego, sin aludir a los denominados “falsos positivos” –verdaderos crímenes de lesa humanidad-;  a las famosas “chuzadas” del DAS;   a los seguimientos ilegales de la UIAF a magistrados, periodistas y opositores –vulneración de la independencia judicial, de la libertad de prensa, de la libertad política y del derecho fundamental a la intimidad-;  ni al escandaloso reparto de dineros públicos a través de Agro Ingreso Seguro, que en sí mismo fue un desconocimiento  flagrante de la prohibición de auxilios a particulares  contenida en el artículo 355 de la Constitución.

Con el debido respeto, y sin perjuicio de reconocer  los éxitos del Presidente Uribe a lo largo de sus ocho años de gestión en  cuanto a  la seguridad en las carreteras, es lo cierto que el comportamiento de la actual administración, y de algunos subalternos de la misma (incluso a espaldas del Jefe del Estado),  no ha sido propiamente ceñido a los principios y los  preceptos del Ordenamiento Fundamental.

Han sido demasiadas las diferencias entre lo que la Constitución dispone, por ejemplo en lo relativo a la protección del trabajo como elemento esencial de la institucionalidad, y lo que ha hecho el Ejecutivo en sus proyectos de ley, sus decretos y resoluciones, y en la actitud misma –la más displicente- del mal denominado Ministerio “de la Protección Social”.

La Constitución ha ido por un lado y el Gobierno por otro. Bien mediante normas abiertamente contrarias a los preceptos superiores; ya a través de ingeniosas interpretaciones de los asesores gubernamentales, uno de los cuales quería inclusive sustituir el Estado de Derecho por una entelequia llamada “Estado de opinión”, por fuera de las reglas.

Ojalá, aunque el candidato más opcionado participó en varias de  decisiones  controvertibles desde el punto de vista constitucional, el nuevo Gobierno regrese a los postulados del Estado Social de Derecho, de la separación de funciones y del respeto a las normas y a las decisiones judiciales.