El Gobierno ha resuelto divulgar el contenido de los acuerdos hasta ahora logrados en los diálogos que se adelantan con los voceros de la guerrilla en La Habana. Se ha levantado la confidencialidad que hace dos años se consagró, y hoy principia la discusión en el país acerca de lo que ha venido siendo convenido.
Resulta injusta la crítica que, respecto de la mencionada publicidad, ya hemos escuchado de algunos sectores que durante estos dos años se habían quejado del secreto en que se llevaban a cabo las conversaciones.
El conocimiento público de los acuerdos se había tornado necesario ante las filtraciones selectivas e incompletas, los hackers, las especulaciones y desfiguraciones, que se generalizaron y que además servían de base a los críticos del proceso de paz para desacreditarlo. De modo que, con la decisión adoptada, todos esos elementos se neutralizan. El Gobierno y los negociadores dicen: aquí están los textos con lo hasta ahora convenido. Lo presentamos al país por razones de transparencia y para su debate.
Pues bien, ahora nos corresponde a todos estudiarlos, analizarlos, someterlos a la crítica, que de todas maneras es sana en tratándose de asuntos tan trascendentales –ni más ni menos, el futuro del país-, sólo que ahora todo examen y toda crítica se podrán hacer sobre la base firme de los acuerdos reales y completos. Es lo propio de la democracia, y al ordenar la divulgación han acertado las partes.
Todo indica que vendrán días de gran controversia, pero también es cierto que el proceso debe someterse a prueba para que veamos si es realmente sólido.
