A La Corte Constitucional Colombiana, se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política. A su vez, tiene como principal  fundamento asegurar a los integrantes del pueblo colombiano, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es por ello, que la nota de prensa comunicada el día 21 de febrero del año 2022, por medio del cual permite la práctica del aborto sin penalización durante las primeras semanas de gestación, contrarían los fundamentos esenciales de la Constitución, en especial, la inviolabilidad del derecho a la vida, que contempla el artículo 11 de la Carta Política.

1.- 

En Colombia a finales del año 2021 y comienzos del año 2022 hubo un gran despliegue de información y desinformación alrededor de la muerte violenta de una mujer y su hijo, asesinados por el hijo mayor y hermano, quien tentado por el dinero de la herencia a la que pensó que podría acceder fácilmente, optó por matarlos. Esta historia macabra es excepcional por los hechos acontecidos. Sin embargo, en el tema de herencias subyace otra muy común y corriente: el uso de vías de hecho y en apariencia de derecho a las que acuden algunos herederos y sus abogados  -existiendo otros herederos con igual derecho- para maquinar estrategias con miras a quedarse con todo lo que el progenitor o pariente ha dejado a su muerte. Es la historia de nunca acabar y no obstante, nos resistimos a debatir, un drama que ya muertos deja por libre, el resultado del trabajo de toda una vida. 

Según lo que, al momento de escribir esta columna, se acaba de informar, la Corte Constitucional, mediante fallo adoptado con una precaria mayoría, ha decidido despenalizar el aborto cuando la conducta se cometa dentro de las primeras veinticuatro semanas, es decir, en el curso de los seis meses siguientes a la concepción. 

Escribía hace poco que, en Colombia -aunque también ocurre en otros países-, el nivel de los debates político-electorales se ha rebajado considerablemente. Las campañas, tanto para el Congreso como para la jefatura del Estado, ya no se desarrollan en el plano ideológico, ni en el propiamente político, sino en el de la agresión, el chisme, la arbitrariedad, las sindicaciones y mutuas acusaciones en medios y redes. Los debates, en general, no se han distinguido propiamente por la transparencia, la claridad, la lealtad, el mutuo respeto, el debate ideológico, la formulación de propuestas, programas o proyectos con miras a la solución o alivio de los graves males, problemas y conflictos que afectan a nuestra sociedad. Con pocas excepciones, han predominado el populismo, la superficialidad, la presentación de lemas sin contenido, y hasta la solidaridad oportunista entre candidatos con perniciosas y delictivas prácticas como la compra de votos.