Ya casi se aprueba en el Congreso el Acto Legislativo que condicionará el legítimo ejercicio de los derechos sociales de los colombianos  -entre ellos el de la salud-  a la “sostenibilidad fiscal”, ese engendro del capitalismo salvaje que, si la reforma se aprueba  -como todo indica que ocurrirá-,  dará al traste con el Estado Social de Derecho y con los postulados básicos de la Constitución, precisamente a los veinte años de su vigencia.

Se trata de una concepción insensible sobre las prioritarias necesidades de las personas, frente a las cuales se erigirá en adelante la barrera infranqueable de la falta de recursos, para que los derechos no pasen de ser teóricas declaraciones, bonitas pero falsas.

Por otro lado, sin embargo, el Estado exige a los trabajadores  -tanto dependientes como independientes-  cotizar para salud, y hoy por hoy cualquier transacción o contrato resulta imposible de perfeccionar si no se acredita la afiliación a una EPS y la cotización correspondiente. Lo cual estaría muy bien dentro de un concepto de solidaridad si esos dineros cotizados, que son contribuciones parafiscales y por tanto recursos públicos, se destinaran en efecto a la salud de los colombianos.

Mas la dura realidad es otra. Esos recursos, como los provenientes de los muchos impuestos que pagamos, tienen un destino fatal e ineludible: van a las arcas de los corruptos.

Así, por ejemplo, en las últimas horas el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos ha formulado una gravísima denuncia acerca de la escandalosa actividad corrupta que por varios años ha tenido lugar en el interior del Ministerio de la Protección Social con los recursos de la salud.

Lo que se ha descubierto es una poderosa red integrada por empresas prestadoras de servicios de salud, funcionarios del Ministerio y particulares para obtener que por el camino del recobro al Fosyga  -Fondo de Garantías de la Salud-  se desviaran más de 4 billones y medio de pesos a un objeto totalmente extraño al previsto por la normatividad: el enriquecimiento fraudulento de personas y empresas particulares y de servidores públicos inescrupulosos.

Lo cierto es que el país ya no soporta más la ola de corrupción que lo carcome. Y después nos van a decir, con base en la desdichada norma de la “sostenibilidad fiscal”, que para la salud no hay recursos. ¿Cómo los va a haber si se los robaron?