Los altos mandos militares, ministros, congresistas, escritores y el propio Presidente de la República, encabezando inoportuno debate, han protagonizado en los últimos días un episodio que, mirado en su conjunto, resulta deplorable desde el punto de vista institucional: una andanada algo precipitada contra la Procuraduría General por causa de que ésta, en desarrollo de sus funciones, haya corrido un pliego de cargos contra oficiales por los hechos relacionados con el secuestro, fallido rescate y muerte de Consuelo Araujo Noguera.
Quien escribe estas líneas es abogado en ejercicio y en tal condición ha cumplido y cumple el honroso encargo de miembros de la Fuerza Pública de apoderarlos ante la Procuraduría, en su defensa, en el curso de procesos disciplinarios similares al que ha desatado la controversia, ya que es de vieja data su admiración y respeto hacia las Fuerzas Armadas de Colombia, que libran en muchos frentes duras batallas en defensa de la soberanía, el territorio y el imperio del Derecho.
Pero eso no impide que, al opinar en abstracto sobre el tema, se asuma una posición de desagrado por lo que ocurre. La Fuerza Pública no necesita de la impunidad ni de la ausencia de controles para sacar avante el reconocimiento institucional de su compromiso con los derechos humanos, mediante acciones y operativos que los respeten y los defiendan.
Precisamente por ser consciente de que nada tiene que temer de la Procuraduría el estamento militar, pues debe presumirse que ella también actúa imparcialmente, no le corresponde propiciar o acompañar el exagerado proyecto de Acto Legislativo que pretende despojar al Ministerio Público de la competencia hoy vigente en su cabeza para investigar disciplinariamente a los miembros de aquél o a sus subalternos.
Dicha iniciativa no ha sido presentada por el Gobierno, pero se aprecia sin dificultad que la comparte; tampoco ha tenido origen en la misma Fuerza Pública pero la actitud de sus altos mandos ha sido la de complacencia por el acto de oficiosa acuciosidad de miembros del Congreso reconocidamente opuestos a la Constitución del 91, a sus garantías y a cualquier forma de contención del autoritarismo, el cual se ha convertido en bandera política que al parecer produce significativas ganancias electorales tras la elección de Uribe Vélez. Son los mismos proponentes de la eliminación del Habeas Corpus para quienes sean sindicados de terrorismo. A quienes poco importan invaluables logros del Derecho y de la civilización como la presunción de inocencia y la preservación de la libertad.
Ahora hay apenas un pliego de cargos; no una sentencia ni un concepto definitivo. Y por un motivo como ese no se justifica trastocar todo el ordenamiento jurídico. Ni conviene a la Fuerza Pública, ni a nivel nacional ni en el plano internacional, prohijar un proyecto que la presentará ante la opinión como un estamento en búsqueda de que se le tapen sus faltas, actitud que en realidad no es la suya y que riñe con su conocida tradición civilista. Ni la beneficia tampoco dar la impresión de que le fastidian los controles civiles orientados a la defensa de los derechos humanos.
De otra parte, la actitud de altos funcionarios públicos, consistente en presionar decisiones de la Procuraduría en uno u otro sentido, es algo que choca abiertamente con la efectiva vigencia del Estado de Derecho.
