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La tecnología que facilita la promoción de los servicios y productos es de vital importancia. La web es la mayor vitrina del mundo y un punto de contacto con potenciales clientes, aun cuando no compran por Internet. En todo el hemisferio las compras estatales están incorporando el uso de plataformas virtuales. Teniendo en cuenta que el Estado es el mayor consumidor de bienes y servicios, el manejo por parte de las PYME de estos sistemas, es de gran importancia para ganar acceso al mercado de compras estatales nacionales e internacionales.

Las TIC tiene son muy importantes en el comercio exterior ya que la tecnología permite procesar rápidamente documentación de aduanas para certificar origen y calidad de productos[2]. Muchas veces una documentación completa y verificable es un requisito para acceder a ciertos mercados. Hoy en día estos procedimientos son casi siempre basados en una plataforma sobre Internet.

El proyectoTRZ.AR (Nuevas Tecnologías para el desarrollo de PYMES en Exportación de Carnes) en Argentina es un emblemático ejemplo del uso de TICS en el comercio internacional. El objetivo principal del programa fue la aplicación de técnicas de identificación y registros de animales, para que los pequeños ganaderos pudieran agregar valor a su producto y eventualmente venderlo a los nichos de alto valor como la Unión Europea (la trazabilidad es requisito necesario para exportar allí). Los beneficiarios del programa muestran una mayor rentabilidad al haber podido acceder al mercado europeo, una menor reducción del stock ganadero, expansión del empleo calificado y mayor probabilidad de mejoras en sanidad animal, comercialización y registros[3].

El uso de las TIC también ha tenido un desarrollo especializado por sectores. Por ejemplo, en la agricultura, sistemas de relevamiento meteorológico monitorean y prevén eventos climáticos, lo que permite ajustar las prácticas de cultivo a los diferentes ambientes para la agricultura de precisión.

La importancia creciente del uso de las tecnologías de la información hace que las empresas sean ávidas consumidoras de servicios de banda ancha y telefonía. Estos recursos se convierten en insumos importantes para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de servicios, manufactureras, agrícolas y de tecnología. Por tanto, el Gobierno, como ente regulador, debe garantizar bajos costos y calidad constante. Sin embargo, la administración de este importante recurso se ha reducido al lucro de empresas privadas en detrimento del acceso y la calidad en el servicio.

Bajo el supuesto económico que indica el perjuicio de los monopolios para la prestación de servicios de telecomunicaciones, una de las empresas más prometedoras del país, TELECOM, fue liquidada. Actores privados entraron en el mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) se creó con el principal objetivo de impedir que se crearan monopolios privados. Sin embargo, lo que se ha visto es una captura de la CRC por parte de sus “regulados” que se ha extendido hasta el Ministerio y la Superintendencia de Industria y Comercio[4].

La empresa Claro llegó a tener el 62% del mercado de telefonía móvil celular, seguido por Movistar con el 24%. A fines del 2012 la Contraloría General presentó un informe que criticaba la poca inversión en infraestructura para mejorar la calidad del servicio por parte del oligopolio Claro-Movistar y la inacción del Ministerio para exigirla[5].

De hecho cuando el mercado está altamente concentrado y una de las empresas ejerce un poder dominante, impide la entrada de nuevos competidores que bajen sus precios y compitan con calidad. El monopolio privado es una amenaza mayor a la del monopolio público, éste último puede tener es más susceptible de control por parte de los ciudadanos. En contraste, el monopolio privado solo persigue la maximización de las ganancias y es una contradicción a los beneficios de la libre competencia del mercado.

La naturaleza del monopolio privado, es cobrar las mayores tarifas posibles y por definición el monopolio estanca el desarrollo. En competencia se espera que los actores del mercado se tecnifiquen para reducir sus costos y ofrecer precios más bajos. Sin competencia, a empresa monopolista no tiene incentivos para invertir en la reducción de sus costos. Además, se ha demostrado que la simple regulación es insuficiente para detener el crecimiento y los abusos de las empresas monopolistas. Se calcula que mantener el éste monopolio le ha costado al país alrededor de US2.565 millones al año en perdida de bienestar social[6].

Es absurdo pensar que un poder económico multinacional, el señor Carlos Slim, dueño de la empresa Claro, pueda ser frenado por las débiles instituciones Colombianas. Es necesario, garantizar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. De hecho, en el mundo entero la legislación ha liquidado monopolios, como en Estados Unidos la disolución del monopolio de la standard oil company y AT&T.  En Colombia también se previene el monopolio en el campo de la generación eléctrica con la limitación de no generar más del 25% en el mercado.

Sin embargo, en mayo del 2013 la ley antimonopolio que buscaba establecer “los mecanismos de la intervención del estado para garantizar la competencia en los mercados de servicios móviles de telecomunicaciones de voz, datos y complementarios” se archivó. En junio de 2013 el gobierno adelantó una nueva subasta del espacio electromagnético que buscaba introducir la nueva tecnología 4G y ampliar los oferentes. Haciendo caso omiso a las advertencias de concentración de mercado y la necesidad de revisar los contratos de las compañías dominantes (Sentencia C-555/2013), el gobierno adelantó a subasta sin ningún tipo de medidas preventivas. De acuerdo a la Contraloría General de la Nación, fue una subasta asimétrica que sacrificó la maximización de ingresos para la nación, sin un efectivo incremento de la competencia del sector. Sostiene la contraloría que, en principio, se conserva el tripolio establecido en las telecomunicaciones de Colombia, de CLARO, MOVISTAR y TIGO[7].

La Contraloría resalta que los operadores insisten en una mayor asignación de espectro antes de realizar inversiones tecnológicas que permitan un uso más eficiente del espectro radioeléctrico ya asignado. La consecuencia es la degradación de la calidad en los servicios, por la falta de inversión en innovación. Esto Confirma la consecuencia más grave del monopolio, el desinterés por hacer nuevas inversiones tecnológicas que reduzcan los costos y aumenten la eficiencia ya que no se ejerce competencia por otras empresas.

De igual forma, la Contraloría enfatizó este punto y mostró que el espacio radioeléctrico concedido estuvo gravemente subvalorado. Esto provoca que sea más barato conseguir un mayor espacio radioeléctrico que invertir en nueva infraestructura para aprovechar el espacio concedido. De esta forma la creciente demanda por el acceso al servicio de internet móvil aunada a la falta de inversión en tecnología e infraestructura por parte de los operadores ha ocasionado el deterioro de la calidad de los servicios. La Contraloría identifica como la causa principal, la debilidad institucional en hacer cumplir los indicadores de calidad y en la subvaloración histórica del espacio radioeléctrico.

Es lamentable la desidia del gobierno en uno de los recursos más importantes para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del país. El servicio de las telecomunicaciones tiene que mejorarse y expandirse, proceso que se entorpece por el monopolio auspiciado por el Gobierno. Los organismos de control lo advierten, el monopolio es la causa de la poca inversión en infraestructura que necesita el país. Está inhabilitando el desarrollo tecnológico del sector que es un impulso necesario para la nueva economía digital. Es necesario que las PYME le sigan el paso a la regulación del sector para exigir mayor inversión, mejor servicio y precios competitivos.

Laura Daniela González Guerrero

Estudiante de jurisprudencias y Economía de la U Rosario

Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho