No se ha distinguido propiamente este Gobierno por su empeño en la defensa de los derechos humanos, y más bien ha parecido que, con proyectos y decisiones, su orientación básica hacia la confrontación armada ha significado un claro menosprecio del tema.

No sin razón se han producido varias declaraciones de organizaciones de derechos humanos, de instituciones internacionales y de organismos, como  “Human Rights Watch” y las Naciones Unidas, reclamando mayor atención y prioridad para el propósito universal de proteger las garantías esenciales, lo que ha implicado a la vez permanente denuncia sobre graves violaciones de tales derechos.

Internamente, se han conocido documentos de la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo,  así como fallos de la Corte Constitucional en torno a la alarmante tendencia estatal a la desprotección  de las personas en este campo.

Y,  aunque el Ejecutivo lo niega, las recientes denuncias,  formuladas en el seno de la Cámara de Representantes por parte de congresistas pertenecientes al Polo Democrático Independiente,  contra miembros de la Fuerza Pública y muy especialmente contra servidores pertenecientes a la Fiscalía General de la Nación  -quienes habrían participado directamente en actos violatorios de los derechos esenciales-,   han vuelto a poner el dedo en la llaga.

La reciente expedición por el Congreso del Acto Legislativo denominado  “Estatuto Antiterrorista”, el proyecto de Ley Estatutaria que habrá de desarrollarlo -dando lugar a que se hagan efectivas capturas, interceptaciones telefónicas y allanamientos sin orden judicial-,  no menos que las capturas masivas de ciudadanos, la salvedad de Colombia en cuanto a la vigencia del Tratado de Roma, y el proyecto de alternatividad penal, han completado el panorama, ciertamente no muy alentador en cuanto se refiere a la actitud del Estado colombiano frente a los derechos.

Hay un evidente retroceso en la política gubernamental y estatal al respecto, lo que con justa razón ha prendido las alarmas de las instituciones internacionales, europeas y americanas, las cuales muestran preocupación creciente por lo que ocurre.

Estamos de acuerdo en la lucha contra el terrorismo, que constituye propósito básico dentro de la política de seguridad democrática del Presidente Uribe, pero creemos que semejante finalidad no puede alcanzarse a costa del sacrificio de invaluables conquistas de nuestro sistema democrático, hoy plasmadas en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad generado alrededor  de la dignidad del ser humano y de la intangibilidad de sus derechos. Debemos, entonces,  insistir más en lo democrático que en el concepto de seguridad puro y simple, y no abandonar la estructura del Estado Social de Derecho al que se acogen nuestras instituciones.