Muy importante la gestión del Cardenal Pedro Rubiano, antes de su viaje a Australia, con miras a restablecer unas relaciones de afabilidad y mutuo respeto entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Esa buena disposición de la Iglesia Católica encaja en su permanente voluntad, expresada de mil maneras, en búsqueda de la reconciliación y la paz entre los colombianos en distintos campos. Tal es la misión espiritual que la grey espera de sus pastores, traducida en actos concretos y palpables.

Bien por la Iglesia, pero, para decirlo con sinceridad, no abrigamos muchas ilusiones acerca de una genuina y duradera cordialidad o de una actitud amistosa del Gobierno hacia los magistrados de la Corte, ya que de una parte ésta no puede dejar de cumplir sus funciones, ni interrumpir procesos como la “parapolítica” o la “yidispolítica”, como lo demuestra el hecho de que acaba de vincular a otros dos congresistas a investigación preliminar por posibles contactos con paramilitares, y de otro lado el Gobierno persiste  -sin perjuicio de las oraciones en el Palacio Arzobispal-  en señalar a la Corte Suprema como parcializada, y por ello el Ministro Palacio ha formulado acción de tutela contra el fallo por el cohecho de Yidis Medina.

Es indispensable que se restablezca la colaboración armónica entre las ramas del Poder Público, para alcanzar los fines del Estado, lo que no corresponde a una graciosa concesión sino que resulta ser obligación perentoria de los entes públicos, impuesta por la propia Constitución (Art. 113), pero ella no puede entenderse como ruptura o disminución de la separación funcional que la misma norma consagra, ni de la total independencia de los jueces, de su autonomía funcional y  libertad dentro de la cual han de desempeñar sus funciones, sin sujetarse para nada a directrices u orientaciones gubernamentales, como probablemente quisiera el Ejecutivo.

El diálogo es valioso, y resulta benéfica en ese sentido la mediación de la Iglesia, pero, desde luego, se trata de un diálogo sobre lo dialogable, no en torno a aquellos asuntos que por norma constitucional son indeclinables e irrenunciables.  

El Estado Social de Derecho es un imposible si cualquiera de los órganos estatales pretende subordinar a los demás, y en especial lo es si no se comprende que la función judicial es independiente por su misma naturaleza, y que los jueces y magistrados no son subalternos del Gobierno.