La extensión del proceso de la parapolítica, en que cada día se involucra a más personas, ya no solamente de un determinado partido, ni de una cierta región, y no tan solo políticos y funcionarios sino empresarios y hasta líderes comunitarios, es algo que de suyo alarma, por las dimensiones del escándalo y por la pésima imagen del país que, a raíz de este deplorable espectáculo, estamos proyectando ante el mundo.

Ahora se añade, como elemento que pretende distraer a la opinión pública  -que espera ansiosa conocer la verdad a plenitud-,  la confusa propuesta de adelantar un juicio al Estado, tratando de cobijar dentro del mismo al mayor número posible de individuos y sectores, para que al final  -salpicados todos-  la sociedad entera sea llamada a enterrar definitivamente el asunto.

Lo que hay en el fondo, que se oye y se comenta en los pasillos de los edificios oficiales y en las salas de redacción de los medios, es un propósito deliberado de buscar la aprobación de una ley del Congreso por la cual se ponga punto final a todo proceso relativo a los vínculos con los paramilitares, como una fórmula salvadora en cuya virtud el país doble tan dolorosa página.

Por el contrario, pensamos que el Estado y la sociedad colombiana están en la obligación de tramitar, hasta sus últimas consecuencias, el proceso que se adelanta, y creemos que no tienen derecho a promover la famosa legislación de punto final, cuyos antecedentes en otras partes ilustran bastante en el sentido de que los pueblos se niegan a resignarse con la impunidad. Véanse los casos de Chile y Argentina.

La ofendida con los numerosos crímenes que ahora se conocen en sus terribles dimensiones, cometidos por quienes los están confesando según la Ley de Justicia y Paz, no es otra que la humanidad, y si Colombia aceptara   -pese a sí misma-  irse por el camino, mediocre y carente de vergüenza, de una normatividad con tales propósitos, los tribunales internacionales adquirirían competencia, en defensa de los derechos humanos y como escarmiento para las futuras generaciones.

Como le oíamos decir por estos días al ex congresista Rodrigo Rivera, debemos cerrar filas alrededor de la tesis contraria a toda iniciativa en el indicado sentido, con el fin de no frustrar las justificadas expectativas del pueblo en esta materia, y estar muy atentos a las posibilidades   -no improbables-  de “micos” que algunos quieran insertar en cualquiera de los proyectos de ley que tramita el Congreso en la actual legislatura.

Dicho sea de paso, cualquier ley sobre el particular sería abiertamente inconstitucional, por su mismo contenido, y contraria a los Tratados Internacionales que obligan a Colombia en el campo de los Derechos Humanos.