Uno de los logros más importantes de la Constitución Política de 1991 es el que corresponde al énfasis dado a la democracia participativa. Y no podría haber sido de otra forma, si se considera la historia misma del proceso político y jurídico que antecedió a la convocatoria y sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Desde el Preámbulo se proclama tal principio, que aparece consignado igualmente en el artículo 1 de la Constitución como uno de los rasgos del Estado colombiano; en el 2 como uno de los fines esenciales de la organización política; y en el 3 como modalidad insustituible del ejercicio de la soberanía, que reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público.
Sin que se haya eliminado la democracia representativa, avanzó el Constituyente al consagrar y regular mecanismos de participación como los contemplados en los artículos 40, 103, 104, 105, 106, 242, numeral 1, 340, 341, 376, 377, 378, entre otros, del Estatuto Fundamental.
Infortunadamente, la misma Constitución y la Ley Estatutaria de mecanismos de participación (134 de 1994), no menos que la organización electoral, han establecido tal cúmulo de requisitos, trámites, formalismos y obstáculos para la participación ciudadana, que, a no dudarlo, casi todos ellos –plebiscito, referendo constitucional, referendo derogatorio, referendo aprobatorio, consulta popular, revocatoria del mandato, voto programático- han venido a convertirse, en la práctica, en objetivos poco menos que imposibles.
Piénsese, a titulo de ejemplo, en la dispendiosa recolección de firmas con el objeto de canalizar alguno de dichos mecanismos, la cual tropieza generalmente con la invalidación de muchas de aquéllas por el Consejo Nacional Electoral, lo que representa un freno y una barrera difíciles de superar.
Un análisis de los artículos 376 y siguientes de la Constitución acerca de los procedimientos para reformar la Carta Política por vía distinta al Acto Legislativo permite verificar la rigidez del sistema respecto a la participación ciudadana y la forzosa intervención del Congreso en todas las modalidades de enmienda constitucional.
Pero lo que más preocupa, hoy por hoy, es el increíble laberinto normativo y conceptual que Gobierno y congresistas han creado alrededor de la propuesta formulada por el Presidente Uribe para convocar un referendo, inicialmente concebido como forma de lucha contra la corrupción, y que degeneró en fórmula para resolver problemas fiscales, bajo las directrices y presiones del Fondo Monetario Internacional, y en la realidad de un plebiscito en que se juega su prestigio el Jefe del Estado, dentro de un intrincado e incomprensible amontonamiento de preguntas complejas (en total 19) que se pretende formular al pueblo sobre los más variados temas.
Además de que este referendo no toca ninguno de los graves problemas sociales que afectan a la mayoría de los colombianos, y de que las propuestas allí contenidas habrían tenido mayor posibilidad de triunfo por la vía del Congreso, mediante acto legislativo o por ley, lo cierto es que las dificultades que han aparecido en el camino y el cansancio de la opinión pública con el tema, sin contar el tiempo transcurrido –que sigue prolongándose-, van a provocar un gran desaliento en cualquiera que hacia el futuro desee proponerle al país una reforma institucional usando el tortuoso camino de un referendo.
Y eso no es bueno, desde el punto de vista de la cristalización de los propósitos perseguidos en 1991, cuando se quiso incrementar la democracia participativa, la cual, como consecuencia de manipulaciones como las que aquí se han visto, se desvalorizará fatalmente.
