El Gobierno ha descubierto tardíamente una verdad que muchos reiteramos durante el último año y que ahora pone de presente con toda razón la nueva Ministra de Justicia, doctora Ruth Stella Correa, quien conoce a cabalidad los graves problemas de su sector y es capaz de analizarlos con la suficiente objetividad: que no era ni es necesario modificar la Constitución Política para brindar a los colombianos elementos institucionales que les permitan tener un acceso real, efectivo y oportuno a los estrados judiciales.

 

Como resulta de lo expresado con claridad por la Ministra, una sentencia dictada tras diez años de proceso es completamente inútil y significa, ni más ni menos, una injusticia.

 

Son muchos los temas que han de ser tratados, y consideramos que la importancia del asunto reclama que se piensen y preparen los proyectos de normas y programas con la debida calma y previo estudio juicioso y ponderado, lejos de las presiones impuestas por el afán presidencial de dejar plasmado algo, sea lo que sea, pues fue ese el motivo de la improvisación en el inmediato pasado.

Obviamente, este es un desafío para la nueva funcionaria. Habrá que oír y debatir muchas ideas, propuestas y contrapropuestas.

 

Entre otras cosas, sugerimos considerar medidas de emergencia judicial, en lugar de privatizar la justicia. Son necesarios mayores recursos, y se debe ampliar la planta de jueces encargados de descongestionar los despachos; planificar un programa practicable y un cronograma de adopción de decisiones en unos plazos improrrogables; propiciar las formas de conciliación hoy previstas en las normas, y, en lo no previsto, tramitar proyectos de leyes estatutarias que hagan efectivos los términos y que faciliten las soluciones de numerosos litigios mediante transacción o acuerdo.

 

Desde luego, se debe preservar la autonomía de la Rama Judicial, y mediante disposiciones estatutarias y por medidas que adopten los mismos magistrados, se pueden corregir, sin necesidad de suprimir la Institución, varios de los problemas que presenta la actividad del Consejo Superior de la Judicatura.

 

El Gobierno, de todas maneras, está en mora de plantear al país  -para que la discutan no sólo los congresistas sino las altas corporaciones judiciales, los académicos, los jueces, los empleados de la Rama Judicial, los abogados y la ciudadanía-  una verdadera política del Estado en materia criminal, ya que la convivencia de varios sistemas penales improvisados ha conducido a la ineficacia, a la impunidad y a la corrupción. Y es importante también que, desde las Cortes, se tracen directrices interpretativas a los jueces y fiscales. No es normal lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la libertad de las personas: unas libres a pesar de su evidente peligro para la sociedad, y otras privadas de su libertad aunque sean inofensivas.

 

Además, se debe insistir en una mejor formación de nuestros jueces, muchos de los cuales, según se observa en sus decisiones, carecen de las más elementales bases jurídicas en materia probatoria, en el campo procesal y en el Derecho sustantivo.

 

Y es urgente poner freno, en normas legales, a las tácticas dilatorias que emplean muchos abogados, así como a la inadmisible mora judicial, que debe ser sancionada.