LA ENCRUCIJADA

 

 

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Colombia podría proteger su territorio ante eventuales litigios internacionales a cambio de perder el prestigio que tiene como un país defensor del Derecho Internacional. Esas serían las implicaciones de retirarse del pacto de Bogotá o ‘tratado de soluciones pacíficas para los conflictos entre las naciones’ estructura fundamental de la Organización de Estados Americanos, OEA.

 

La propuesta la hicieron un par de congresistas y la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la acogió al punto que señaló que si no “nos retiramos de la Corte Internacional de Justicia, CIJ (que tiene la jurisdicción en el tratado de Bogotá), Nicaragua va por una plataforma continental extendida. Tenemos que cerrar esa posibilidad”, advirtió.

 

La senadora Alexandra Moreno dijo que al retirarse del pacto, el Estado colombiano se evitaría otra demanda que Nicaragua hace casi una década prometió: “Dijo que demandaría por la frontera marítima y luego, después de ganar, acusaría a Colombia de usufructuar su ecosistema marino, por lo que iría tras una indemnización”.

 

También se libraría de futuros litigios que están congelados, pero que pueden recobrar vida como la lucha con Venezuela por el Golfo de Venezuela o de Coquivacoa y con Costa Rica por la frontera marítima.

 

El senador Édgar Espíndola agregó que las fronteras con Jamaica y Panamá también están en riesgo. “Sería simplemente protegerse a futuro porque creemos que la CIJ no es garante de los derechos de nuestros nacionales”.

 

Los constitucionalistas Juan Manuel Charry y José Gregorio Hernández coinciden en que esa decisión debió tomarse hace muchos años, cuando Nicaragua empezó a mostrar sus deseos por el territorio marítimo colombiano.

 

“En este momento no tiene ningún sentido que nos retiremos del pacto y tampoco va a producir algún efecto, ni puede aplicarse retroactivamente porque ya el fallo de la CIJ se dictó y se comunicó”, precisó Hernández.

 

Charry reiteró que “con salirse no pasada nada”. Incluso, reclamó que esa medida no se haya tomado hace más de diez años. “Dejar el pacto ahora es tratar de limpiar la leche cuando ya se derramó”. Aclaró que ante futuras demandas, el país sí estaría blindado.

 

El analista internacional, Enrique Serrano, agregó que la “experiencia amarga” que acaba de enfrentar el país serviría para impulsar la decisión, pero considera que a futuro “no hay ningún otro litigio de la importancia del que se libró por San Andrés”, por lo que recomendó “quedarse ‘quietecitos’ frente a esa determinación” y pretender nuevos litigios.

 

Menos por más

 

Si el Estado colombiano decide apartarse del pacto de Bogotá el mundo lo miraría distinto; dejaría de ser la referencia en América Latina del país que tiene la sana costumbre de respetar el Derecho Internacional. Le reprocharían, como ya hizo el jurista español Antonio Remiro Brotons, que Colombia solo acate los fallos que le resultan favorables.

 

El español, quien hizo parte del litigio nicaragüense, sostuvo que la sentencia fue “sabia y equilibrada” y que de no acatar ese fallo, la imagen de Colombia “caería al piso”.

 

El politólogo Serrano dijo que en la historia de este país jamás se ha actuado de esa manera y por el contrario, Colombia es “legitimista y defensor del derecho”.

 

Reconoció que cambiar dicha actitud, sin duda, generará un reproche por parte de la comunidad internacional. “Es una decisión política que el Gobierno parece estar dispuesto a asumir, en virtud del revés que sufrió”.

 

El senador Espíndola añadió que no habría consecuencias negativas porque salirse del pacto no significa que en el país no se propenda por la resolución de conflictos internacionales de manera pacífica. “Colombia es un país pacífico y lo seguirá siendo”, aseguró.

 

Mientras que la senadora Moreno sentenció que la decisión se tomaría aduciendo la falta en derecho de la Corte Internacional de Justicia. “El fallo está generando caos en América. El mapa de otros países fue modificado sin contar con ellos y se les negó el derecho de ser parte en el proceso judicial”, explica.

 

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, la consecuencia más grave de apartarse del pacto es quedarse sin la posibilidad de acudir a una instancia internacional y se renunciaría a una cláusula de compromiso. “Se perdería el prestigio internacional, la credibilidad”. Pero el senador Édgar Espíndola aseguró que entonces, los líos se resolverían entre las cancillerías.

 

José Gregorio Hernández explicó que todas las demandas que no hayan sido interpuestas estarían por fuera de la jurisdicción de la Corte, pero a su juicio, “cuando un país decide firmar ese tipo de tratados, toca someterse a sus decisiones, así sean tan nefastas como la que la corte anunció el pasado lunes”.

 

En caso de que Colombia, como lo sostuvo el presidente Juan Manuel Santos desde que conoció el fallo de La Haya, no acate, estaría sentando precedentes negativos frente al futuro de su relaciones exteriores.

 

“Imagínese que en una nueva oportunidad haya un fallo internacional en el que Colombia gana completamente y el otro país decide no acatarlo ¿Con qué cara este Estado sale a defenderse? En cuestiones de Derecho Internacional tenemos que aprender a ser muy serios”, sentenció Hernández.

 

Enrique Serrano dijo finalmente que en este caso el país no perdería nada. Tendría que asumir algunas reconvenciones y protestas formales, pero agregó que hoy los pactos tienen un carácter de relativa voluntariedad. “Esto supondría un cambio de visión en la geopolítica fronteriza del país”.