Para nadie es un secreto que la baja en los precios del petróleo ha afectado de manera si se quiere significativa a las grandes empresas productoras de Petróleo, y también a los grandes países productores de petróleo, pues sus presupuestos nacionales se nutren, en su mayoría, de la exportación de este hidrocarburo.

Por otra parte, muchos pensarían que Colombia, al no ser un gran país productor de petróleo, en poco o nada, se ve perjudicado por estos cambios drásticos en el valor de este producto. Y no hay nada más falso, Colombia se ve afectada no sólo por estar inmersa en el sistema capitalista de mercado, sino también por las alzas en el precio del dólar[1], por las bajas en las regalías que recibe la nación[2] (gran parte proveniente de los hidrocarburos), por los recortes de personal e infraestructura que hacen las pocas empresas que extraen petróleo de nuestro país, y por la escasa e ineficiente regulación que existe en Colombia respecto al tema energético y de hidrocarburos.

Se puede decir que Colombia no ha sido un país que se caracterice por ser pionero en desarrollar marcos normativos acerca de algún tema, ni tampoco por ser de los países que prevé cambios económicos, políticos y sociales que puedan llegar a afectar la regulación y volverla inane; pero de esas circunstancias, que sin duda son penosas, a no desarrollar ninguna regulación[3] desde Julio de 2014 (época en que se empieza a visualizar las bajas en el precio del petróleo) hasta la fecha, es una situación que da pesar y vergüenza.

El gobierno colombiano ha tratado como ha podido, estos últimos años, de sobrevivir a los cambios económicos que se han producido, se puede decir que ha aguantado, y para muchos puede ser muy meritorio que Colombia haya podido tomar escasas medidas y evitar que el sistema económico sufra “grandes cambios”.

Pero no, NO ES SUFICIENTE. En materia energética y de hidrocarburos nuestro país siempre ha tenido una legislación modesta, regular lo necesario. Es así como, la regulación de la propiedad sobre el subsuelo, minas, metales, etc., fue una codicia del Gobierno más que una necesidad o una visualización de buen uso de recursos. Los desarrollos legislativos de contratos de concesión, arrendamiento, permisos mineros, asociación, entre otros., han sido necesidades impuestas por la economía y el tiempo; y aún más importante, no se puede olvidar que el último código minero de Colombia data del año 2001, reformado por la ley 1382 de 2010.

¿Y ahora? Después de chapalear y chapalear, dando pequeños saltos en la regulación ¿qué sigue? Las primeras luces se dieron en el año 2014, con la reforma tributaria, que era necesaria sin duda, pero que generó rebotes en todo el mundo por las enormes cargas tributarias; algunas otras medidas se han anunciado en los últimos meses, todas tendientes a lograr subir el valor de los impuestos actuales e introducir otros nuevos, siendo esta situación la regulada en la reforma estructural que empieza a tramitarse. Y a pesar de las inconformidades que se puedan generar, es importante recordar que esas son las medidas meritorias del Gobierno para no dejar hundir este barco.

Colombia tiene un desfase[4] de $ 5,43 billones en el presupuesto del sistema general de regalías para este año, según cifras de la Contraloría General de la Nación; y gracias a Dios no es más.  Además de ello, la quinta parte de los ingresos fiscales de la Nación provienen de este sector de hidrocarburos, sin mencionar las inversiones extranjeras que se hacen en la industria petrolera.

Bajo esta panorámica, no es muy alentadora la situación de que afronta el país, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos tributos de los que están hoy en día son transitorios (algunos a nivel nacional otros a nivel departamental), es decir, sólo funcionarán por un margen de tiempo (al menos si no los prorrogan o vuelven permanentes).

En este punto, con todos los temerosos avances que se han hecho para regular la baja del petróleo y en general la difícil situación económica que afronta y afrontará en mayor medida Colombia en unos años, creo que es menester que se desarrolle una regulación completa y suficiente. Si bien es cierto que, este sector y estas circunstancias económicas asociadas al mismo no son el único factor que desestabilizan la economía colombiana, si se puede asegurar que es un sector que genera grandes impactos en la misma y que ha sido sumamente mal regulado.

Por ello, abogo por una legislación que atienda a las contingencias del hoy por hoy, pero que no olvide prever las posibles dificultades de este sector tan cambiante, como es el energético y de hidrocarburos.

NANCY ALEJANDRA VERA GUZMÁN

Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho –CEID-

@nancyalejandrav