Ha culminado en el Senado de la República el proceso de escogencia del nuevo Magistrado de la Corte Constitucional.

La elección ha recaído en el doctor Humberto Sierra Porto, cuya hoja de vida e importante formación académica  nos hacen pensar en que, con independencia de las posiciones jurídicas que haya de asumir en los distintos temas objeto de decisión, únicamente tendrá compromiso con la defensa eficaz de la Constitución y con su conciencia. Partimos de la base de su independencia, y hacemos votos por la continuidad de una Corte Constitucional que ejerce su delicada función con la serenidad y la firmeza que confiere la autoridad; sin ceder a presiones gubernamentales, económicas o políticas; libre de toda coacción; lejana de cualquier interés distinto a la intangibilidad e imperio del orden jurídico fundamental; ajena al influjo de críticas o halagos en el sentido de los futuros fallos; valerosa, contundente y clara el avalar lo que se ajuste a la Carta Política y al eliminar sin contemplaciones las normas inconstitucionales, así como al unificar la jurisprudencia relativa a la protección judicial de los derechos fundamentales.

El país necesita tener la certidumbre de que en el más alto de los tribunales de justicia se encuentra un grupo de juristas íntegros e insobornables que velarán insomnes por la vigencia de los postulados constitucionales y por la efectividad de las garantías ciudadanas, sin dejarse amilanar por las recurrentes amenazas de supresión del órgano o de restricción a sus actuales facultades.

Pero, aparte del nombre de quien resultó elegido y de quienes lo acompañaron en la terna elaborada por el Consejo de Estado  -todos  juristas respetables-,  lo cierto es que este proceso de elección dejó un sabor amargo, proveniente del hecho de que  -no por culpa de los candidatos pero sí de ciertos funcionarios y de escritores públicos-  la elección se convirtió en una especie de  rebatiría entre el Gobierno y sus opositores, tomando  en cuenta, no las hojas de vida, la trayectoria, la preparación o la estructura de la formación jurídica de los ternados  -que es lo que ha debido interesar siempre-,  sino la probable actitud que adoptaría cada uno de ellos en el momento de decidir sobre procesos en curso, dentro de la actual coyuntura, en asuntos tales como la exequibilidad o inexequibilidad del estatuto antiterrorista o del Acto Legislativo todavía en ciernes sobre la reelección presidencial para el período inmediato.

¡Que miopía!  Se estaba eligiendo a un Magistrado de la Corte Constitucional; no a una ficha del Gobierno, ni  a un vocero de la oposición.

Con  la “campaña”  -en la que un periódico dijo que participaba el Ejecutivo-  se irrespetó al Senado y también a los candidatos. Y, por supuesto, se quiso manosear y rebajar la majestad de la justicia.