Dígase lo que se diga con base en las encuestas -que en mi criterio no pueden seguir constituyendo el faro que orienta la dirección de la política colombiana, pues se las ha desfigurado, pasándolas de su sentido original de muestreos indicadores al de infalibles, inequívocos y obligatorios oráculos-, sigo sin estar de acuerdo con la insistente propuesta de modificar la Constitución para consagrar la reelección presidencial, no con el sentido general y abstracto que debería tener una norma de tal magnitud, sino con el deliberado propósito de prolongar la estancia del actual Jefe de Estado en el Palacio de Nariño.
Después de haber sido derrotado el proyecto de acto legislativo en dos oportunidades durante la pasada legislatura, la Embajadora Sanín y el Ministro Pretelt -participando en política sin que nadie les diga nada-, secundados después por el Asesor de la Presidencia Echeverry, han resucitado el tema. Después de que éste último, en reportaje dominical, uniera tal designio al de crear un partido político uribista, se ha acordado ahora con los congresistas de esa tendencia postergar lo del partido y promover de nuevo ante el Congreso la reforma constitucional para hacer posible la reelección de Uribe en las próximas elecciones.
Si se aprueba, sería una norma constitucional con nombre propio, a no ser que expresidentes afines al actual Gobierno estén negociando también sus propias posibilidades reeleccionistas, con el quimérico propósito de monopolizar maquiavélicamente el ejercicio del poder al menos durante los doce años siguientes a la culminación del período que transcurre. Para ello –claro está- hacen cuentas optimistas acerca de un apoyo popular que consideran seguro, pensando quizá los expresidentes que, de una parte, la mediática popularidad de Uribe se prolongará hasta 2006 y cobijará el proceso electoral de ese momento, y de otra que al sólo conjuro de las componendas que pacten con el actual mandatario se les transmitirá también a ellos el favor de las encuestas y, lo más difícil, el respaldo de los electores.
La reelección inmediata del Presidente ha venido siendo excluida por nuestra Constitución, en virtud de disposiciones que buscan preservar a la vez la imparcialidad oficial en las elecciones, la dedicación de aquél a la tarea de gobierno y la igualdad de condiciones y reglas de juego para los distintos aspirantes al cargo.
Ahora no solamente se quiere volver a la reelección -que estaba prohibida para el período inmediato en la Carta Política anterior y de manera absoluta en la vigente- sino que el proyecto se tramitará lejos del sentido objetivo que debe presidir la tarea del Constituyente y muy cerca, en cambio, de la coyuntura subjetiva, como emocional reacción de cortesanos a lo que señalan fugaces encuestas de opinión que ellos consideran eternas e inmutables.
Preparémonos, entonces, para ver al Presidente, durante el resto del período, en una campaña que con seguridad será más intensa, costosa y desigual que la del referendo.
