No sé a los lectores, pero a quien esto escribe le ha parecido espeluznante y aterrador lo que pueda haber detrás de los casos conocidos desde la semana anterior, sobre tráfico de seres humanos, extraídos del seno de comunidades pobres y cobardemente sacrificados, al parecer con el solo propósito de engañar al Gobierno y al país con “resultados” en la lucha contra la subversión.
En nuestro sistema jurídico no es correcto utilizar los términos “ejecuciones extrajudiciales”, no porque en la práctica no se presenten los crímenes -que sí se presentan, como lo estamos viendo-, sino porque, no existiendo la pena de muerte -radicalmente prohibida en el artículo 11 de la Constitución-, tampoco es posible la referencia a “ejecuciones judiciales”. Ni las unas, ni las otras, de acuerdo con nuestro ordenamiento.
En todo caso, lo acontecido con al menos 23 jóvenes recientemente desaparecidos en Bogotá y Soacha, y a los pocos días aparecidos muertos en Cimitarra y Ocaña, contabilizados como “bajas” en supuestos combates con el Ejército, es algo de inmensa gravedad, no solamente por los homicidios en cuanto tales, sino por la indefensión de las víctimas, y especialmente por la tenebrosa actividad que estas muertes delatan.
El Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, ha reconocido que puede haber núcleos dentro de la Fuerza Pública que piden cadáveres para presentar a sus superiores falsos positivos. El Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha convocado a los organismos de investigación y control, con miras a esclarecer los casos, para llevarlos -ojála pronto- hasta las últimas consecuencias, “esté metido quien esté metido”, según sus palabras.
Las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Derechos Humanos, han exigido al Gobierno y a los órganos competentes adelantar los procesos, y “poner fin a las prácticas y patrones de presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
Lo alarmante de estos acontecimientos es que algunos justifican las ejecuciones con el argumento de que varios de los muertos presentaban antecedentes delictivos. Aun en tal caso, es inadmisible que una “justicia” oscura les haya aplicado la pena capital.
Sería vergonzoso para Colombia que estas abominables prácticas quedaran -como quedan muchas otras- en la impunidad, ya que además de una inadmisible trata de personas, la “verdad” formal acerca de sus muertes presenta a las víctimas como integrantes de grupos armados ilegales, lo que significa que, además de asesinadas, han sido deshonradas.
