Merece felicitación el Procurador General, Dr. Edgardo Maya Villazón, por la contundencia del informe presentado acerca de la actividad de las empresas promotoras de salud, EPS, que fueron creadas en 1993 por la nunca bien criticada Ley 100, con la función teórica de facilitar y extender la protección de la salud a todos los colombianos, y que en su mayoría, por la misma estructura del sistema, hacen exactamente lo contrario.

Dos años invirtió la Procuraduría en hacer un seguimiento serio y completo a dichas instituciones, para exigir que se ejerza un control más efectivo de parte del Ministerio de Protección Social y de la Superintendencia de Salud al respecto, ya que las quejas y los reclamos son permanentes y van creciendo de modo alarmante.

Llama la atención la referencia que hace el Ministerio Público al “trato indigno” que según su criterio dan las EPS a sus afiliados, y no podría haber utilizado expresiones más exactas, ya que esa y no otra es la percepción de cualquier ciudadano que deba acudir, a nombre suyo o de uno de sus beneficiarios, a las instalaciones de tales entidades.

Tramitomanía, vueltas y más vueltas, negación de servicios urgentes, inconsistencias en la información, atención tardía, exigencia de pagos no previstos, equivocaciones frecuentes, trato despectivo hacia el usuario, obligación de personas convalecientes o impedidas de presentarse personalmente para radicar documentos, tramitar solicitudes y formular peticiones, son, entre otras, las graves falencias que vienen mostrando las empresas, aunque sus servicios no son propiamente gratuitos.

De otra parte, como lo hemos expresado en otras ocasiones, se niegan los medicamentos, exámenes y tratamientos más necesarios a las personas, bien que estén previstos en el POS o que se hallen fuera de él, obligando a los usuarios a incoar demandas de tutela para obtenerlos, lo cual implica un abuso del mecanismo constitucional y una protuberante vulneración de los derechos a la igualdad, a la salud y a la integridad personal, aparte de ser en ocasiones factor de amenaza para el derecho a la vida.

Los médicos, por su parte, reciben pagos muy inferiores a los que demanda su propia dignidad profesional, y además son forzados a recetar lo más barato a los pacientes, así sepan que no sirve para nada.

Debe ser atendido por el Gobierno el requerimiento del Procurador, quien tiene a su cargo la guarda de los intereses de la sociedad y del sistema jurídico, y la protección de los derechos humanos. Y vigilar a los servidores públicos para que, a su vez, cumplan la función que les corresponde.