En los próximos meses cesarán en el ejercicio de sus cargos, por vencimiento del período, seis de los actuales magistrados de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el origen de las postulaciones dentro de las cuales fueron elegidos en 2.000, y según la Constitución, deberán ser elaboradas ahora sendas ternas, dos de ellas por cada institución postulante, por parte de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, y el Presidente de la República, para que hacia diciembre elija el senado a los seis nuevos integrantes de la Corporación que tiene a cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, quienes ejercerán la magistratura durante los próximos ocho años.
Se trata de uno de los procesos de mayor trascendencia, entre los varios que actualmente se tramitan en las cámaras. Ya esta semana fue reelegido el actual Defensor del Pueblo, en la Cámara de Representantes. Y está próxima la preparación de la terna, por parte de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Presidente de la República, para que el Senado escoja al Procurador General de la Nación.
Parece necesario que el país, y las instituciones que tienen a cargo la elaboración de las ternas y la elección misma, piensen con serenidad y objetividad en la trascendencia de la misma. En la práctica, se estará configurando la nueva Corte Constitucional, ya que tan solo tres de los magistrados actuales –elegidos recientemente- permanecerán en ella. La que ahora se escogerá será la mayoría de los nueve magistrados previstos en la ley.
Por las especialísimas funciones confiadas a la Corte Constitucional -que interpreta en el máximo nivel de la jurisdicción los preceptos integrantes de la Carta Política, y que decide de manera definitiva acerca de la constitucionalidad de las normas de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en torno a la protección judicial de los derechos fundamentales- , los postulantes tienen una delicada responsabilidad a cargo.
La Corte Constitucionaldebe seguir siendo independiente respecto a las otras ramas del poder público, ya que su único compromiso es con el imperio real y efectivo de los valores, principios y normas de la Constitución, y con la intangibilidad de los derechos esenciales. Por lo cual, a pesar de la forma de elección, quienes resulten elegidos no serán deudores de nadie, ni podrán comportarse como tales en el desempeño de sus funciones. Dirán la última palabra en materia constitucional, y habrán de hacerlo consultando tan sólo su conciencia y el contenido sustancial de la Constitución Política.
Entonces, los candidatos se deben caracterizar por su independencia, por el criterio jurídico autónomo, por su verticalidad, por su adecuada formación en el Derecho, por su hoja de vida académicamente respetable, limpia e intachable, sin compromiso alguno político ni económico.
Y será también esta la ocasión para que quienes elaboren las ternas den una mayor oportunidad a la mujer de llegar a la altísima dignidad de la magistratura. Hoy sólo hay una magistrada, que se va.
