Ya se están viendo en las calles las protestas de numerosos ciudadanos, usuarios del sistema de salud, contra las EPS por la razón  -muy justificada-  de no ser oportuna y eficientemente atendidos, pese a estar cotizando puntualmente.

No podemos olvidar precisamente eso: que las EPS no les están regalando nada a sus usuarios, sino que están encargadas de la prestación de un servicio público vital,  que se les paga, y de manera cuantiosa. Tanto es así que cuando tienen que asumir alguna prestación que les parece costosa, esté o no en el POS, tienen en los recursos del FOSYGA su mejor seguro, al cual acuden por el mecanismo del recobro.

Todos sabemos, y lo hemos denunciado en estos años, que los intermediarios entienden poco del servicio que deben prestar, pero mucho de sus ganancias, porque a partir de la Ley 100 de 1993, la salud pasó  de ser un servicio público y un derecho fundamental de las personas, a constituirse en un buen negocio.

También sabemos que, también por razones económicas, ha tenido lugar en muchos casos el denominado “paseo de la muerte”, que no es otra cosa que un crimen.

Conocemos igualmente que, distorsionando el sentido y los propósitos de la acción de tutela  -a la cual acuden las personas, no por diversión sino por necesidad-, las mismas entidades en referencia han exigido en innumerables ocasiones llegar con una sentencia de tutela concedida, como requisito para prestar los servicios o suministrar los medicamentos indispensables, y   -claro está-  para el posterior recobro ante el FOSYGA.

No es menos conocida la actitud del mal denominado Ministerio de la “Protección Social” durante el pasado Gobierno, que fue siempre favorable a las EPS, y que hasta introdujo en decretos de emergencia social normas como la que pretendía que las enfermedades fueran atendidas con recursos provenientes de las cesantías y pensiones de los mismos trabajadores; o la que amenazaba con multas millonarias a los médicos que recetaran medicamentos costosos.

Lo que no sabíamos, y que afortunadamente ha descubierto el Gobierno actual, es que durante años se montó y explotó un negocio ilícito gigantesco a expensas de los recursos destinados a la salud, precisamente por la vía del recobro al FOSYGA.

Una reiterada práctica de inmensa corrupción, de la que al parecer  -es incomprensible-  no se dio cuenta el Ministro correspondiente.