Es muy confuso el panorama jurídico en lo que respecta a los vínculos entre el paramilitarismo, la mafia y la política, y lo cierto es que el país se asombra cada día más con las revelaciones a las que sólo ahora se está dando crédito, por lo cual hasta se afirma –con razón-  que el escándalo es mucho más grave y tendrá peores repercusiones en la institucionalidad que el llamado proceso 8.000.

Que recordemos, la mayor parte de quienes hoy se muestran aterrados, poco faltó para que lincharan a Horacio Serpa cuando en el año 2002 formuló valientes denuncias al respecto. En ese entonces, sus obnubilados enemigos le endilgaron el calificativo de candidato camorrista y pendenciero. Los hechos demuestran cuánta razón tenía.

En buen momento, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema  ha ordenado la privación de la libertad de tres congresistas, por estimar que existen serios motivos para vincularlos por ese tipo de relaciones. Y faltan muchos otros datos.

Al momento de escribir estas líneas, tales reos se encuentran todavía prófugos, y estudian con sus asesores jurídicos las posibilidades de acogerse a la mal denominada Ley de Justicia y Paz.

A propósito de esas normas, se multiplican las dificultades del proceso que se viene adelantando con los grupos paramilitares, no solamente en lo relativo a la aplicación del aludido estatuto  -que no parece viable para garantizar los principios internacionales de verdad, justicia y reparación-,  sino al desarrollo de las varias consideraciones que formuló la Corte Constitucional en el fallo correspondiente. Se han cometido tantas equivocaciones y se han dado tantos pasos en falso, que a la fecha el futuro del proceso sigue en veremos.

En cuanto a los desmovilizados, son ostensibles las falencias de la política aplicada, y fuera de los muchos casos en que han vuelto a delinquir, o han continuado sin solución de continuidad en sus conductas ilícitas o en sus reyertas intestinas, aparecen de manera recurrente los que afirman que el Gobierno les ha incumplido  múltiples promesas, todo lo cual constituye una inminente amenaza de caos que -todo parece indicar- se cristalizará, haciendo que la ley resulte inútil.

El objetivo que ha debido tenerse presente desde el principio, más allá de la apariencia ofrecida por unas cuantas entregas de armas y por la reclusión de algunos jefes en cómodos lugares de concentración, no podía ser otro que la auténtica y verdadera desarticulación de las organizaciones paramilitares, a la cual ha debido estar unido el establecimiento pleno de la verdad y la reparación efectiva a las victimas, pero nada de eso ha sido posible. Entonces: ¿habrá fracasado o no este proceso?