Una de las conductas más graves y reprochables por la cual son responsables los grupos armados que han venido azotando nuestro territorio es el reclutamiento de menores para vincularlos a sus filas, a la guerra contra la sociedad, a la violencia y al crimen.
Ya conocemos que esta odiosa práctica ha sido convertida en tradicional en la guerrilla, tanto en las FARC como en el ELN, y también se sabe que los paramilitares no se han quedado atrás.
Inicia la Fiscalía las diligencias orientadas a exigir a jefes paramilitares que declaren en los procesos acerca de ese vergonzoso reclutamiento que ha tenido lugar a lo largo de dos décadas.
Si estamos en el marco del proceso de Justicia y Paz, los "paras" deberán declarar la verdad, pues de lo contrario -al menos en teoría, pues ya vimos que en la práctica les otorgan la extradición para que negocien sus penas en los Estados Unidos- perderán los beneficios allí previstos.
Según las informaciones que se conocen, las autodefensas deberán responder por al menos 2.000 niños (que podrían ser 4.000, según cifras extraoficiales), que, como lo informó el diario EL TIEMPO hace dos semanas, fueron ocultados por los delincuentes y enviados a sus casas, sin pasar por ninguna institución oficial, ni haberse acogido a procesos de desmovilización. Sólo 450 menores fueron declarados oficialmente por las autodefensas y se desmovilizaron. Es decir, se le mintió a la justicia desde el comienzo, dejando a esos menores en la total desprotección, en un verdadero "limbo" respecto a Justicia y Paz, y sin ningún futuro; y eso, aparte del reclutamiento, de la “pedagogía” criminal y del efectivo secuestro de muchos de esos niños, constituye a su vez un verdadero crimen.
Lo más aberrante es que los menores, según dicen investigadores, fueron sacados de sus hogares, presionados y amenazados con el fin de que se incorporaran a la delincuencia. Obviamente, después, ya en el interior de esos ejércitos, fueron entrenados para el mal, obligados a cometer delitos y usados como "carne de cañón" en eventuales enfrentamientos con el Ejército o con la guerrilla, que a su vez hace lo propio.
Esta es una de las modalidades más crueles de acción delictiva, y una vulneración flagrante y permanente de elementales principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y , claro está, de nuestra propia Constitución.
Las preguntas que a estas alturas podemos formular son, entre otras:: ¿Hasta ahora se dá cuenta el Estado Colombiano? ¿Cómo pudo ocurrir esto durante 20 años y haber omitido el Estado su deber, cuando los jefes paramilitares se paseaban orondos en ciudades y campos sin que nadie les llamara la atención? ¿Qué se va a hacer ahora con esos 2.000 o 4.000 menores?
