Una inocultable realidad que frustra un cardinal propósito del Estado Social de Derecho a la vez que significa quebranto de derechos fundamentales, es la conciencia generalizada de que el aparato de la administración de justicia en Colombia no funciona. Desde luego con las excepciones honrosas -que siempre las habrá, por lo cual son inadmisibles las generalizaciones-, lo cierto es que la sola posibilidad de un litigio en cualquier campo plantea de inmediato a las personas interesadas el problema del tiempo: ¿cuántos años pasarán antes de que tengamos certeza sobre nuestros derechos?; ¿alcanzaremos a estar vivos cuando el pleito llegue a su culminación definitiva?; ¿cuando la sentencia se dicte -y, todavía más, cuando se ejecute-, servirá todavía de algo?; ¿será quizá un fallo para enmarcar? .... En fin, los ciudadanos sienten en carne propia los efectos de la morosidad judicial, y reafirman aquella convicción popular según la cual la justicia tardía no es justicia..., luego deducen también que, en buena parte de los casos, no se cristaliza en verdad la justicia, al menos la que imparte el Estado. Y solamente queda la esperanza en la justicia divina, en la que sí se tiene fe.
Los abogados presenciamos esa angustia reflejada en el rostro del cliente cuando se le comunica que el proceso puede demorar en primera instancia cinco o más años, que puede haber juicios de doce, trece o catorce años que todavía no culminan, y que no se sabe si será mantenida la jurisprudencia vigente. O cuando se les informa que algunos tribunales tardan años en adoptar la primera decisión -la admisión de la demanda- o en resolver -en el caso de la jurisdicción contencioso administrativa- acerca de la suspensión provisional del acto demandado.
Además -y esto es muy grave-, toma fuerza la idea corrupta de que el mejor abogado no es el que plantea sus argumentos jurídicos para dejarlos a consideración del juez, sino el intrigante que "maneja" internamente, a través de "contactos" inmorales la suerte del proceso. Hay inclusive clientes que reclaman a sus apoderados por no haber recurrido a esos mecanismos, y que prefieren, a la gestión honesta que no produce "resultados", la mañosa que, sin razones válidas, obtiene lo que se busca.
En cuanto a la sustancia: "A mí se me olvidó el Derecho", me decía hace poco un ilustre y veterano colega de probada rectitud, lamentando decisiones judiciales incomprensibles o contraevidentes, que muestran otro fenómeno no menos preocupante: muchos jueces no se están preparando; improvisan, y dictan providencias sin mayor sustento. Y otros fallan, en caso de renombre, siguiendo directrices de los medios de comunicación. Debe repetirse: no todos, pero sí muchos de nuestros administradores de justicia.......administran injusticia.
Cabe, pues, un llamado a que se reflexione, a que la administración de justicia -en cuyo interior , desde las más altas dignidades hasta los jueces promiscuos , existen figuras de recia formación jurídica y de acrisolada pulcritud- adelante un riguroso proceso de autocrítica y busque los medios para que, regresando a la puridad del Derecho, el sistema en su conjunto recobre la confianza ciudadana y asegure a los colombianos una verdadera justicia material -de orígen judicial-, recta y oportuna. Este, más que problema de normas, es cuestión de seres humanos.
